Presentación ante el Defensor del Pueblo de la Nación Argentina

Los abajo firmantes, integrantes de la ASAMBLEA NACIONAL AMBIENTAL,

solicitamos al Defensor del Pueblo de la Nación haga lugar a la acción que

promovemos como ciudadanos afectados de todo el país, como lo establece el

artículo 43 de Nuestra Constitución Nacional, cuando dice: “… Podrán

interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo

relativo a los derechos que protegen el ambiente, a la competencia, al

usuario y al consumidor, así como los derechos de incidencia colectiva en

general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que

propendan a esos fines…”.

Esta acción la iniciamos movidos por la vergonzosa violación a nuestro

derecho a vivir en un ambiente sano establecido por el artículo 41 de

Nuestra Carta Magna cuando dice: “Todos los habitantes gozan del derecho a

un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que

las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin

comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de
preservarlo. El daño

ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo

establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este

derecho a la utilización racional de los recursos naturales, a la
preservación del

patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la

información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las

normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las

provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas
alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al
territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y
de los

radiactivos”.

Y dentro de los principios de la política ambiental que se encuentran

enumerados en el artículo 4 (cuatro) de la Ley General del Ambiente Ley

25.675, el que en este momento nos interesa es el PRINCIPIO PRECAUTORIO

que establece: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia

de información o certeza científica NO DEBERÁ utilizarse como razón para

postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para

impedir la degradación del medio ambiente.”

Se está violando nuestro derecho por empresas mineras que vuelan los

cerros,modificando todo el ecosistema, usan millones de litros de agua diarios,

mientras en otras partes falta agua y dejan cianuro y otras sustancias

toxicas en toda la zona, afectando a toda la red de vida y comunidades.

Se está violando nuestro derecho con campos electromagnéticos generados

por antenas de telefonía celular distribuidas en todo el territorio, incluidos

escuelas y hospitales, que se conectan con los celulares cada 10 segundos,

y así, cada 10 segundos todos los habitantes son irradiados.

Se está violando nuestro derecho cuando se permite que las empresas

instalen cables de alta y media tensión por las veredas de nuestras
casas tanto en

forma aérea como subterránea, con centrales eléctricas en el casco urbano,

con cámaras de alta tensión de forma aérea y subterránea colocadas en

medio de nuestras casas, lo que ya ha ocasionado cientos de muertes
comprobadas.

Se está violando nuestro derecho con transformadores que aún hoy contienen

PCB o cualquier otra sustancia igualmente cancerígena.

Nos están matando cuando fumigan nuestros campos con glifosato, e incluso

en las ciudades, a la vera de las vías del tren.

Están muriendo nuestros niños, ancianos y mujeres embarazadas, a causa de

diarreas y bacterias tomando agua corriente que NO ES POTABLE,.

Nos están enfermando al contaminar nuestro ambiente con el entierro de la

basura de forma indiscriminada, que puede tener un tratamiento mejor y más

efectivo, con separación en el hogar, y gastando dinero de las arcas

públicas pagando a valor dólar el simple apilamiento de basura que puede

ser reciclada, generando lixiviados tóxicos y arruinando para siempre el

suelo, el agua y el aire. Las politicas del C.E.A.M.S.E. son
obsoletas ya que no

hay un tratamiento responsable de los residuos.

Nos estamos muriendo con los gases de los transportes ciudadanos, mientras

el Estado subsidia empresas por cientos de millones de pesos, dinero que

podría ser aplicado en buscar nuevas y mejores formas de generar

combustible para los automotores, como se ha hecho en Rosario, con
aceite ya usado.

Nos están quitando la vida, construyendo edificios donde debemos

preservar los pulmones verdes, como las obras costeras de Tigre a
San Borombón, con

el proyecto Costa del Plata y el Vial Costero.

Afecta nuestro ambiente cuando no se cumplimentan los requisitos

indispensables para la construcción del Vial costero de Vicente

López, como ser el MEGA II (Manual de Gestión Ambiental obligatorio

para todas las obras financiadas por Vialidad Nacional) o cuando

se aprueban excepciones para construir torres, megashopping,

hoteles cinco estrellas al lado del Río de la Plata como se ha

realizado en el HCD un 24/12/2004 a las 4 am.

Están acabado con gran parte de nuestra flora y fauna autóctona en peligro

de extinción, mientras son quemados los campos y se provoca todo tipo de

desmonte en un país que hoy sólo tiene menos del 10% de los bosques que

poseía hace 200 años, y en muchas zonas, ni siquiera llega al 3%, cuando

las Organizaciones Internacionales como la ONU recomiendan al menos un 15%,

que de por sí es una cifra insignificante.

Ni hablar del despilfarro ictícola, en manos de empresas extranjeras y aún

en las manos argentinas, desaprensivas con una fauna que, de seguir este

camino, difícilmente se recuperará.

Mientras tanto, las “políticas” empleadas son más dañinas que los

problemas, como el caso de las lamparitas “bajo consumo” que al fin
están rellenas de

mercurio, una de las sustancias mas tóxicas conocidas y al explotar

contaminan toda la casa y ya hay registro de muertes por este tema.

Y a la vez se penaliza y criminaliza la pobreza y el transporte de

materiales reciclables, mientras el Estado se niega a resolver y a ayudar

a los recicladores que están bajo el nivel de subsistencia, y no se resuelve

el tema del maltrato a los animales más que judicializando un tema que es

el mismo Estado el que debe resolverlo con políticas mejores y verdaderas,

tanto educativas como ambientales.

Los mecanismos de control existentes son insuficientes y en muchos casos

el estado está ausente en la fiscalización de los deshechos industriales.

Podemos citar como ejemplo los ya conocidos casos de las

papeleras/pasteras, a partir de cuyo funcionamiento aumentaron
significativamente las enfermedades en las poblaciones cercanas.

Con esta enumeración, la ASAMBLEA NACIONAL AMBIENTAL busca dar solamente

algunos ejemplos de las acciones repetidas todos los días, muchas en manos

de grandes empresas que buscan la ganancia a costa de la vida y la salud

de los ciudadanos y comprometen a las generaciones que vendrán. Las leyes que

regulan estas actividades en algunos casos son obsoletas y en general

favorecen el lucro de las empresas.

Frente a este abanico de problemas mencionados, que son sólo un pantallazo

del extenso problema que enfrenta la Argentina y que día a día se va

profundizando cada vez más, la ASAMBLEA NACIONAL AMBIENTAL cree que el

problema del medio ambiente necesita políticas urgentes, a corto, mediano

y largo plazo, que incluyan soluciones perentorias, judiciales, sociales,

educativas y ciudadanas para asegurar una vida digna en un ambiente sano.

La misma que hoy, en estas condiciones, está en riesgo permanente.



Por todo lo expuesto más lo que la sabiduría del Defensor del Pueblo pueda

agregar, es que estamos seguros de que nadie en nuestro país vive en un

ambiente digno y sano, por lo tanto hay funcionarios responsables

que están violando la CONSTITUCIÓN NACIONAL. Es así que desde la ASAMBLEA

NACIONAL AMBIENTAL EXIGIMOS AL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN,

QUIEN ESTÁ LEGITIMADO por Nuestra Carta Magna para que realice las

acciones legales necesarias con el objetivo ineludible de resolver lo

planteado, ya que revisten GRAVEDAD INSTITUCIONAL, y son un delito contra

los ciudadanos.





ASAMBLEA NACIONAL AMBIENTAL

“Por un ambiente digno”