Vicente López: esperan una respuesta del intendente
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Ante una demanda judicial iniciada por los vecinos, Jorge Macri se negó a contestar un oficio que le envió la jueza para que informe sobre el estado de las obras. Consideran que es un gigantesco negocio inmobiliario.
En el marco de una demanda judicial iniciada por los vecinos de Vicente López en contra de la construcción del polémico Vial Costero, el intendente de esa comuna del conurbano bonaerense, Jorge Macri, se negó a contestar un oficio que le envió la jueza de la causa para que informe sobre los antecedentes del conflicto y el grado de avance de las obras.
Según explicó a este diario una integrante de Vecinos en Defensa de Vicente López, la jueza de San Isidro María Cristina Fernández solicitó un informe “acerca de los antecedentes y fundamentos de la medida solicitada y en particular sobre el estado de las obras relacionadas con el Vial Ribereño, así como respecto a la realización del informe de impacto ambiental”.
Según se pudo establecer, la jueza Fernández, al enviar el oficio dentro de la causa “Di Giano Iris Mabel c/ Municipalidad de Vicente López s/ pretensión anulatoria y de reconocimiento o restablecimiento de derechos”, concedió a la comuna de esa localidad un plazo de 5 días para contestar el oficio y advirtió que se encontraba pendiente de resolución una medida cautelar que los vecinos pidieron para suspender las obras.
El oficio nunca fue respondido y por el contrario Macri emitió un decreto por el que mandó frenar los visados de los planos de obra, en una maniobra que los vecinos de Vicente López interpretaron como “distractiva y dilatoria”.
“Macri frenó por 90 días las obras para ganar tiempo y aparentando escuchar a los vecinos, pero en realidad lo que tiene que hacer es responder al oficio que le envió la jueza”, dijo a este diario Di Giano, demandante en la causa. Hoy el plazo está vencido y las obras continúan a todo vapor.
Los vecinos de esa zona del norte bonaerense libran desde hace años una intensa batalla legal para evitar que siga adelante lo que juzgan como un gigantesco negocio inmobiliario, que perjudicará la fisonomía del tradicional paseo costero.
Ya el anterior intendente, Enrique García, tuvo que lidiar con la furia de los vecinos que lo acusaron de favorecer fuertes intereses económicos a costa del espacio público.
“El proyecto no tiene límites por la gran cantidad de excepciones que se le concedieron”, cuestionó Di Giano, que explicó que “nos roban la costa para llevar adelante un emprendimiento que va a traer ruidos, hoteles de cinco estrellas y una actividad comercial que va a cambiar totalmente un lugar que era tranquilo y de acceso para todos”.
La objeción más sólida que plantean los vecinos a la iniciativa y que la jueza Fernández analiza por estos días para decidir si paraliza o no las obras, es la falta de informe de impacto ambiental obligatorio ordenado por las normas nacionales vigentes, lo que se conoce como Mega II, y que nunca fue elaborado. Los vecino ya reunieron 15.000 firmas en contra del proyecto.
Además, como el complejo inmobiliario (que incluye la edificación de un gigantesco shopping con 8 mil cocheras y torres de 30 pisos) demandará un consumo eléctrico para el que la zona no está preparada, se previó construir una subestación de electricidad a la que los vecinos se oponen porque no está habilitada según las normas urbanísticas y sería contaminante.
Por el conflicto, que ya lleva varios años, pasaron tres jueces, decenas de abogados, varios organismos nacionales (Secretaría de Obras Públicas y Vialidad Nacional) y provinciales (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible), dictámenes de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y también desalojos violentos de vecinos que protestaban, lo que motivó diversas denuncias policiales contra el intendente Macri.
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