Enamour y los rellenos ilegales de Jorge Macri

fuimos a ver los rellenos ilegales de Jorge Macri. Es imperdonable.. No se trata de convencer a los vecinos,  con  que va a frenar todo. El asunto es el siguiente: Jorge Macri ha rellenado ilegalmente la costa en estos días y si alguien no lo detectaba iba a seguir haciendo daño. En Roma y el río el acceso está prohibido ingreso al  público, pero entraron camiones en la semana. Parece que ayer pasaron 50 camiones con relleno ...Ya  hay  montañas...

Encuentro de barrios irradiados.

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE BARRIOS IRRADIADOS de ARGENTINA

Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina15 de septiembre de 2012 

Nosotros, los asistentes al Primer Encuentro Nacional de Barrios Irradiados realizado en la ciudad de Villa Carlos en la provincia de Córdoba, Argentina, el 15 de septiembre de 2012, decidimos por unanimidad lo siguiente: 1. Ratificar que en Argentina no existen a la fecha normas para proteger la salud de aquellas personas expuestas a los campos eléctricos y magnéticos, ya que solo existen los obsoletos estándares ambientales establecidos mediante Resolución 77/1998 de la Secretaría de Energía. Igualmente, declarar que en base a la buena ciencia los campos magnéticos iguales o superiores a 0,3 microteslas pueden aumentar en 1,7-2,0 veces la probabilidad de que los niños expuestos contraigan leucemia.   2. Apoyar el Anteproyecto Nacional de Presupuestos Mínimos destinado a regular los campos electromagnéticos que generan los sistemas de transporte y transformación eléctrica, y ratificar los valiosos aportes que se realizaron en este encuentro después de analizar sus contenidos 3. Acompañar desde la Red Nacional de Barrios Irradiados las luchas que llevan adelante distintos grupos de vecinos en varias provincias de Argentina, Se convino para ello:   3.1. Apoyar la lucha del colectivo de Vecinos por la Vida de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, que exige: a) La reubicación de la planta transformadora que EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba) construye de manera ilegal en el terreno colindante al barrio Sol y Río, donde se localiza un polideportivo al que asisten diariamente cientos de niños. b) La remediación del predio donde se encuentran las instalaciones una vez concluido el traslado, dado que para su construcción se desmontó bosque nativo protegido por diversas ordenanzas. c) El tratamiento del anteproyecto de ordenanza municipal de regulación de campos electromagnéticos de la ciudad de Villa Carlos Paz que fue presentado al intendente Esteban Avilés el 1° de agosto de 2012 durante el inicio de las sesiones ordinarias del Concejo de Representantes. 3.2. Apoyar la lucha de los estudiantes y vecinos del barrio Los Naranjos en San Salvador de Jujuy, de la provincia de Jujuy, que exigen: a) La reubicación en un sitio adecuado de la subestación eléctrica ilegal que esta construyendo EJESA (Empresa Jujeña de Energía Sociedad Anónima) en el barrio Los Naranjos, a pocos metros de dos jardines de infantes, de una escuela primaria, de una escuela secundaria, de las Facultades de Ciencias Agrarias e Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), del Ministerio de Salud y de viviendas particulares. b) Que el gobierno de la provincia de Jujuy deje sin efecto los proyectos de construir distintas subestaciones en sectores de la ciudad densamente poblados, y revoque las autorizaciones dadas a la Empresa Jujeña de Energía (EJESA). c) Que la justicia provincial de curso a las denuncias efectuadas contra EJESA como responsable de enfermedades y muertes que pudieran haber provocado los campos magnéticos de estaciones de transformación eléctrica y tendidos de media y alta tensión en distintos barrios y localidades de la provincia, y concluya la impunidad con la que opera esta empresa. d) Que la provincia adopte políticas serias, responsables y participativas en materia energética, respetuosas de la salud y del ambiente.     3.3. Apoyar la lucha de los vecinos de Berazategui en la Provincia de Buenos Aires, reunidos en Asamblea de Vecinos Autoconvocados por la Vida, junto al Foro Regional en Defensa del Río de La Plata la Salud y el Medio Ambiente, y el Foro por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de la Provincia de Buenos Aires, quienes: a) Rechazan la instalación y puesta en marcha de la Subestación Rigolleau que fuera construida por la empresa EDESUR y que se encuentra emplazada en el corazón de la Ciudad, una zona  densamente poblada en cuyos alrededores hay 16 establecimientos educativos. b) Exigen el cierre definitivo y el traslado a zonas no pobladas de la estación transformadora Rigolleau. c) Exigen que la Justicia Federal haga cesar la denegación de justicia hacia los vecinos de Berazategui: I) Desde el mes de abril de 2012 en que el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del Juez Luis Antonio Armella, recibió una demanda a la que no dio respuesta, y para la cual se declaró incompetente 60 días más tarde; II) En la actualidad, donde el Juzgado Federal N° 2  a cargo del Juez Adolfo Ziulu de La Plata continúa demorando el tratamiento de la causa. d) Rechazan la instalación de tres futuras subestaciones, dentro de la ciudad, anunciadas por el intendente Patricio Mussi. 3.4. Apoyar la lucha de los Vecinos de Vicente López en la Provincia de Buenos Aires, quienes: a) Rechazan la puesta en funcionamiento de la subestación Tecnópolis ubicada en la localidad de Villa Martelli, en una zona densamente poblada. b) Rechazan la instalación de la subestación de trasformación eléctrica de alta tensión “Olivos”  ubicada en el bajo de Vicente López, última zona de espacios verdes del lugar. c) Rechazan el proyecto de obra, con autorización ya otorgada por el ENRE, pero sin el permiso definitivo de la OPDS y el Municipio, para la instalación de la mencionada subestación que se encuentra ubicada en la Costa del Río de la Plata, junto a un centro de jubilados y una zona recreativa para niños. d) Reclaman el llamado a una Consulta Popular Vinculante, para impedir que en ese lugar, además de la subestación, se avance con otros emprendimientos que alteren el medio ambiente. 3.5. Apoyar la lucha de los vecinos de Ezpeleta, provincia de Buenos Aires, quienes exigen el traslado definitivo de la subestación Sobral y los tendidos eléctricos de media y alta tensión, ya han causado en el barrio –desde su puesta en funcionamiento- 170 muertes y más de 260 enfermos. 3.6. Apoyar la lucha de los Vecinos de barrio Mariano Moreno Chacra 157 en la ciudad de Posadas, Misiones, que se oponen a la construcción de dos estaciones de transformación eléctrica y sus correspondientes tendidos, para las cuales existen lugares y trazados alternativos que no afectan a la población.  3.7. Apoyar la lucha de los vecinos de las localidades de Ituzaingó, Claypole, Florencio Varela y Wilde en la provincia de Buenos Aires, además de otros grupos en distintas ciudades y provincias de Argentina, que luchan contra obras y tendidos mal diseñados cuyos campos electromagnéticos dañan o pueden dañar la salud. 4. Ratificar la plena vigencia del Principio de Precaución establecido por el Artículo 4 de la Ley Nacional de Ambiente 25675, y recordar a las empresas eléctricas y organismos públicos que ante la duda primero esta la salud (in dubio pro salus), y que por ser las estaciones de transformación eléctrica y tendidos factibles de ser instalados en sitios con mínimo impacto sobre la salud y el ambiente, su colocación arbitraria e inconsulta en lugares densamente poblados es un delito.   5. Ratificar el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y las Audiencias Públicas como valiosas herramientas de gestión ambiental, las que deben ser siempre anteriores a cualquier decisión y no mero procedimiento para legitimar decisiones autoritarias y técnicamente infundadas. 6. Ratificar la necesidad de que el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los municipios establezcan, coordinadamente, un Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, para todas las causas, permanente, que permita un seguimiento válido y minucioso de la morbilidad y la mortalidad humanas. 7. Ratificar la necesidad de que el gobierno nacional, las provincias y los municipios desarrollen tareas permanentes de monitoreo de los campos electromagnéticos en todas las estaciones de transformación eléctrica y tendidos existentes en Argentina, ello a los fines de construir mapas de niveles y poder evitar así la exposición de la población a valores de campos electromagnéticos que dañen su salud.    Red de Barrios Irradiados de Argentina.barriosirradiados.blogspot.com

JUSTICIA!!!

El  beneficio  de  litigar  sin  gastos  hoy  salió  para  la  Receptoría  General  de  Expedientes. (Expte  9279)
Nuestra  demanda  (Expediente  8753)  está  a  la  firma.  La  semana  próxima  tendremos  novedades.

A  todos  los  vecinos  firmantes  y  colaboradores  que  se  oponen  a  la  privatización  de  nuestra costa  los  invitamos  a  participar  enviando  pruebas,  como  ser  fotos,  videos,  imágenes  de  rellenos etc  en  nuestra  costa  o  zona  aledaña, lo  hagan a  vecinosendefensadevtelopez@gmail.com

Gracias.

Asamblea  de  vecinos  de  Vicente  López

Estamos  tramitando  nuestra  demanda  contra  la  Municipalidad  en: 

Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2 - General San Martin
Fuero: Contencioso Administrativo
Competencia territorial: Departamento Judicial de General San Martin
Asiento: GENERAL SAN MARTIN - Partido: GENERAL SAN MARTIN - Dpto: General San Martin
Calle: Mitre Nro: 3680
Telediscado: 011
Juez
Dra. Maria Cristina Fernandez 
Secretario
Dra. Maria Paula Venere 
Auxiliar Letrado
Dra. Veronica Viviana Vidal 

Sigen los negocios inmobiliarios en Vicente López

Parece que Jorge  Macri escucho el ruido y paro la entrada de camiones para rellenos ilegales.. Les aclaramos a 2 funcionarios respecto a la ilegalidad de estos nuevos rellenos y el accionar de todos los vecinos si continuaban en esta actitud inconsulta .. Estamos expectantes ante un nuevo accionar .... Saldremos a la calle a pelearles... Nuestros derechos..

Hoy esto esta!!!! mañana ya va estar tapado. Nos confirma Defensa Civil que la orden viene de Obras de VL y piensan rellenar toda la reserva incluido hasta El Barrio El Ceibo ,, tenemos que pararlos!!!!!  

Vecinos.

Asamblea  de  vecinos  de  Vicente  López

vecinosendefensadevtelopez@gmail.com

ALERTA ! EN ESTOS ÚLTIMOS DÍAS EN LA COSTA SE HACEN RELLENOS ILEGALES. SIGUE EL NEGOCIO INMOBILIARIO A ESPALDAS DE VECINOS!!!!!

Estan tapando parte de la reserva en Roma y El Rio frente al Circulo Policial. 

Matando Garzas que estan en esta zona de la reserva.. Con sus nidos...

A  PARTIR  DEL  18  DE  SEPTIEMBRE comenzaron a rellenar en Roma y el Rio, entran camiones con tierra y topadoras tapando todo , destruyendo el Habitat de Flora y Fauna de nuestra Costa... seguramente el próximo paso sea el Barrio El Ceibo.... 

Tal vez la Jueza deberia saber que seguramente carecen de permisos, impacto ambiental y demas requisitos para rellenar el Rio... Y pedir Urgente explicaciones al Sr Intendente sobre el caso....y parar los rellenos.

A.Vecino

Rellenos,  cabecera  norte  del  vial  costero.  

ASAMBLEA  DE  VECINOS  DE  VICENTE  LÓPEZ

JUSTICIA

Aunque  pise  los  50 años  y  como  Máxima  Autoridad  Ambiental  de  Vicente  López  (decreto  4780)  Jorge  Macri  disfruta  del  poder,  haciéndose  el  jóven  adolescente, festejando  el  día  de  la  primavera  con  las  chicas.  Pero, esto  es  solo  una  imagen  de  márqueting. La  realidad  es  la  siguiente: 

Los  vecinos  estamos  demandando  a  la  Municipalidad  por  los  incumplimientos  ambientales  en  la  privatización  de  nuestra  costa.

Jorge  Macri  había  prometido  en  elecciones  que  se  oponía  a  las  excepciones 

Ver: http://buenosaires2punto0.com.ar/noticia.php?logi=192_Jorge-Macri-eligio-el-Vial-Costero-para-presentar-su-candidatura-en-Vicente-Lopez

 Jorge Macri eligió el Vial Costero para presentar su candidatura en Vicente López

Macri interpreta que le elección del Vial Coastero es un mensaje para la comunidad de lo que “no debe hacerse con el futuro de Vicente López”. A ello, agregó: “No queremos más excepciones aprobadas a medianoche, obras hechas de espalda a la gente que generan miedo, temor” y concluyó con que “acá asumo el compromiso de que éste sea un espacio público para los vecinos, que pueda seguir siendo disfrutado”, en clara alusión a las obras que vienen siendo llevadas a cabo en las cercanías del Río de La Plata, al Este del distrito, por la actual gestión comunal de Enrique García.

  

Pero  hasta  ahora,  está  a  favor  de  la  construcción  de  una  subestación  y  dice  que  lo  que  se  ha  construido  no  es  cuestionable....

Se  ha  incumplido  con  el  MEGAII,  reconocido  por  Vialidad  Nacional

 Las  autoridades  de  la  Secretaría  de  Ambiente  de  la  Nación  reconoce  que  

hay  impactos  ambientales  faltantes...  

Las  audiencias  públicas  de  García  no  son  cuestionadas  por  Jorge  Macri  . 

Se  trata  de    114  alegatos,  pero  entre  otras  irregularidades  se  destaca  la  audiencia  Nº  7  " Junta  Vecinal  barrio  Enamour"  que  engloba  en  una  sola  presentación(1)  la  voluntad    de  91  vecinos  de  dicho  barrio,  que  si  se  suman  a  los  35  que  se  oponen  da  un  total  de  126  que  es  una  cantidad  mayor  que  los  79  alegatos  que  acompañaron  a  García  en las audiencias  públicas  que  aprobaron  el  preacuerdo  urbanístico y  permitió   privatizar  nuestra  costa  sobre  la  base  de  la  corrupción  del  24/12/2004  en  el  HCD  a  las  4  am.

Lo  que  Jorge  Macri  oculta  es  su  intención  de  concretar  el  proyecto  de  la  costa

Ver:  http://nuestras-ciudades.blogspot.com.ar/2010/11/vicente-lopez-lanzaron-megaproyecto.html

El  Expte  8753  está  a  despacho.  Jorge  Macri  habría  contestado  a  la  jueza  el  oficio.

Estamos luchando en la justicia por nuestro ambiente y calidad de vida.

Hoy  acreditamos  ante  la  justicia  nuestro diligenciamiento  del  oficio  judicial  ante  la  Municipalidad  de  Vicente  López. Jorge  Macri  debe  responder. El  plazo  vence  en  las  primeras  horas  del  jueves  27 de septiembre.  Audiencias  públicas,  declaración  de  impacto  ambiental  integral,  MEGAII  y  todo  lo  relacionado  con  los  trámites  administrativos en  la  privatización  de  nuestra  costa....

ASAMBLEA  DE  VECINOS  DE  VICENTE  LÓPEZ

Participantes de los alegato de Enrique García para privatizar nuestra costa.....

Enrique López Rivarola es uno de los vecinos que participaron en los alegatos de García. Quería  que  el  vial  costero  llegue  hasta  Pelliza  y  que  se  mantenga desde  Roma  a  Paraná  libre  del  vial,  de  este  modo  no  lo  iba  a  perjudicar  a  él. Presidía la JUNTA VECINAL DEL BARRIO ENAMOUR. En un solo alegato metió a todo el barrio. Grande Rivarola! Además de perjudicar a sus vecinos, pues en vez de cientos de alegatos, el barrio presentó uno solo que se opuso. Luego  se  borró. 
Rivarola se dedica a realizar grandes obras, o sea, está en el negocio inmobiliario con todo.. Veamos algo de su obra, una maravilla! : http://www.lanacion.com.ar/207834-nueva-etapa-en-la-remodelacion-del-aeroparque

Le  decía  Rivarola ,  el  inocente  vecino  a  La  Nación....."Como no se disponía de espacio para construir otro aeropuerto al lado, se lo construyó encima del existente, y por etapas", explicó el director de gerenciamiento de construcción, ingeniero Enrique López Rivarola (LR&C Ingeniería y Management). Según Rivarola, "el edificio conservado tiene una estructura de hormigón armado resistente que nos permitió crecer encima con un esqueleto metálico, colocando pocos refuerzos; pero en mayor o menor medida nos condicionó a todos los participantes de la obra".

Enrique  López  Rivarola,  Director  de  Gerenciamiento  de  www.Iryc.com.ar. 

Un  vecino  desinteresado  participando  en  los  alegatos"audiencias  públicas"  de  García  para  privatizar  nuestra  costa.

Jorge Macri se hace el distraído....

Debe  responder  a  la  justicia  en  estos  días,  pero  mira  para  otro  lado,  como  si  no  quisiera  hablar  sobre  el  oficio  judicial. 

Vicente  López  se  ha  caracterizado  por  ser  un  municipio  donde respecto  a  los  negociados  de  la  costa se ha  ocultado  todo...

Asamblea  de  Vecinos  de  Vicente  López

Feliz  día  de  la  primavera!!!!!Hoy  reunión  a  las  17,  30  hs  en  la  plaza  de  los  Inmigrantes,  al  lado  de  la  estación  B.Mitre,  Olivos.  Av.  Maipú  y  Félix  Amador.  

A  Jorge  Macri  le  quedan  dos  días  para  responder  sobre  los  incumplimientos  ambientales  en  nuestra  costa  ante la  jueza....

Reunión

Reunión !!!!!!! 

Viernes  21  de  septiembre  en  Plaza  de  los  Inmigrantes  a  las  17,  30  hs  en  Fernán Félix  de  Amador  y  Av.Maipú al  lado  de  la  Estación  B. Mitre,  Olivos. 
Jorge  Macri  tiene  3  días  para  responderle  a la  jueza  por  los  incumplimientos  ambientales  en  nuestra  costa.

ASAMBLEA  DE  VECINOS  DE  VICENTE  LÓPEZ

Nuestro  abogado  es  Juan  Ignacio  Aquino

Asamblea  de  vecinos  de  Vicente  López

Repercusión por el oficio Judicial a Jorge Macri

Jorge Macri recibió la primera  intimación judicial

Edición Nro. Diario Lo Nuestro

Miércoles, 19 de Septiembre de 2012 14:13

Deberá contestar por daños ambientales y falta de cumplimientos constitucionales en obras costeras La jueza María Cristina Fernández (Contencioso Administrativo N° San Martín) acaba de librar un oficio intimando a Jorge Macri, intendente de Vicente López, para que de explicaciones sobre el estado de obras del denominado Vial Ribereño (en realidad Vial Costero), e informe sobre los estudios de impacto ambiental en torno a las obras Mega II (shooping y torres). De acuerdo con el escrito judicial, el intendente tiene cinco días para responder ante la magistrada. El expediente judicial-N°8735- se inicia a instancias Iris Di Giano , una infatigable y tozuda vecina que junto a asambleístas y organizaciones barriales logró juntar más de 15.000 firmasoponiéndose al Vial Costero y al mega shopping de Avda. Liberador y Gral. Paz; Carrefour -De Narváez. Obras, cabe recordar,  que fueron habilitadas gracias a una Ordenanza de excepción votada por la mayoría de los concejales en el año 2004. Una sesión que termino en un verdadero escándalo  -ampliar información en www.diariolonuestro-com.ar- Las constantes muestras de rechazo vecinal, las múltiples manifestaciones y movilizaciones vecinales -represión policial y detenidos incluidos- sumadas a las firmas, impulsaron a la dirigente vecinal Di Giano a llevar la cuestión a los estrados legales. Con el patrocinio de la abogada María Elena Visco, interpusieron  una demanda por incumplimiento de funcionarios públicos,  violaciones a distintos artículos de la Constitución Nacional  y provincial y daños ambientales. Nunca se realizaron Audiencia Públicas de cara a la comunidad, cuestión que hubiese significado un adecuado marco de transparencia, y por esto también es la demanda. La Audiencia que realizó el ex intendente García, bien las podría habar hecho en el quincho de su hogar. La comunidad de Vicente López no se entero, y por lo tanto, no  pudo participar. Tampoco los empresarios -tanto De Narváez como Carrefour-, procuraron aclarar bien estos temas ambientales: el impacto es incuestionable, pero nadie puede cuantificar el daño que producirá. Frente a estos reclamos, la jueza es que sale al ruedo a intimar a Jorge Macri para que de las explicaciones del caso. Si bien el nuevo jefe comunal recibe semejante herencia, cierto es que no ha mostrado mucho interés en exigirles a los empresarios los correspondientes informes de impacto ambientales.  Un tema que por la magnitud de la obra -7 torres (en una de ellas irá el diario La Nación), un mega shopping  y un estadio para 10.000 personas-hubiese ameritado todos los estudios correspondiente. Ni el municipio -especialmente la anterior gestión, ni la provincia, se mostraron exigentes con las normas ambientales. Cuestión que sí lo son con el resto de los mortales. El oficio judicial salió de los tribunales de San Martín el pasado 18, y en días más Macrideberá presentar las aclaraciones del caso. Por lo pronto, las obras del mega shopping siguen a todo ritmo, a pesar de los reclamos y de la falta de documentación con las que parecen no contar la empresa, tal cual se desprende de todas las acusaciones. Ahora será la justicia la que deberá hace justicia, dentro de un marco de hechos consumados y votados.

Nuestro  abogado  es  el  Doctor  Juan  Ignacio  Aquino

Asamblea  de  Vecinos  de  Vicente  López

EL OFICIO JUDICIAL LLEGÓ A LA MUNICIPALIDAD. MACRI TIENE 4 DÍAS PARA CONTESTARLE A LA JUEZA POR LA PRIVATIZACIÓN DE NUESTRA COSTA!

Nuestro abogado es el Doctor Juan Ignacio Aquino.

ASAMBLEA  DE  VECINOS  DE  VICENTE  LÓPEZ

Le solicitamos al fiscal Scapolan que aplique sanciones al OPDS por no responder y perjudicar el proceso al día de la fecha. Se le reiteraron en 3 oportunidades por el incumplimiento del MEGAII y otros. Sin contestación desde el 22/9/11. Por incumplimientos ambientales en la privatización de nuestra costa..

Justicia: Macri no le responde a la jueza por los impactos ambientales incumplidos en la privatización de nuestra costa.

http://www.diariopopular.com.ar/notas/130084-vicente-lopez-esperan-una-respuesta-del-intendente

Vicente López: esperan una respuesta del intendente

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Comentarios

Ante una demanda judicial iniciada por los vecinos, Jorge Macri se negó a contestar un oficio que le envió la jueza para que informe sobre el estado de las obras. Consideran que es un gigantesco negocio inmobiliario.

En el marco de una demanda judicial iniciada por los vecinos de Vicente López en contra de la construcción del polémico Vial Costero, el intendente de esa comuna del conurbano bonaerense, Jorge Macri, se negó a contestar un oficio que le envió la jueza de la causa para que informe sobre los antecedentes del conflicto y el grado de avance de las obras.

Según explicó a este diario una integrante de Vecinos en Defensa de Vicente López, la jueza de San Isidro María Cristina Fernández solicitó un informe “acerca de los antecedentes y fundamentos de la medida solicitada y en particular sobre el estado de las obras relacionadas con el Vial Ribereño, así como respecto a la realización del informe de impacto ambiental”.

Según se pudo establecer, la jueza Fernández, al enviar el oficio dentro de la causa “Di Giano Iris Mabel c/ Municipalidad de Vicente López s/ pretensión anulatoria y de reconocimiento o restablecimiento de derechos”, concedió a la comuna de esa localidad un plazo de 5 días para contestar el oficio y advirtió que se encontraba pendiente de resolución una medida cautelar que los vecinos pidieron para suspender las obras.

El oficio nunca fue respondido y por el contrario Macri emitió un decreto por el que mandó frenar los visados de los planos de obra, en una maniobra que los vecinos de Vicente López interpretaron como “distractiva y dilatoria”.

“Macri frenó por 90 días las obras para ganar tiempo y aparentando escuchar a los vecinos, pero en realidad lo que tiene que hacer es responder al oficio que le envió la jueza”, dijo a este diario Di Giano, demandante en la causa. Hoy el plazo está vencido y las obras continúan a todo vapor.

Los vecinos de esa zona del norte bonaerense libran desde hace años una intensa batalla legal para evitar que siga adelante lo que juzgan como un gigantesco negocio inmobiliario, que perjudicará la fisonomía del tradicional paseo costero.

Ya el anterior intendente, Enrique García, tuvo que lidiar con la furia de los vecinos que lo acusaron de favorecer fuertes intereses económicos a costa del espacio público.

“El proyecto no tiene límites por la gran cantidad de excepciones que se le concedieron”, cuestionó Di Giano, que explicó que “nos roban la costa para llevar adelante un emprendimiento que va a traer ruidos, hoteles de cinco estrellas y una actividad comercial que va a cambiar totalmente un lugar que era tranquilo y de acceso para todos”.

La objeción más sólida que plantean los vecinos a la iniciativa y que la jueza Fernández analiza por estos días para decidir si paraliza o no las obras, es la falta de informe de impacto ambiental obligatorio ordenado por las normas nacionales vigentes, lo que se conoce como Mega II, y que nunca fue elaborado. Los vecino ya reunieron 15.000 firmas en contra del proyecto.

Además, como el complejo inmobiliario (que incluye la edificación de un gigantesco shopping con 8 mil cocheras y torres de 30 pisos) demandará un consumo eléctrico para el que la zona no está preparada, se previó construir una subestación de electricidad a la que los vecinos se oponen porque no está habilitada según las normas urbanísticas y sería contaminante. 

Por el conflicto, que ya lleva varios años, pasaron tres jueces, decenas de abogados, varios organismos nacionales (Secretaría de Obras Públicas y Vialidad Nacional) y provinciales (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible), dictámenes de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y también desalojos violentos de vecinos que protestaban, lo que motivó diversas denuncias policiales contra el intendente Macri. 

REUNIÓN

Reunión !!!!!!! 

Viernes  21  de  septiembre  en  Plaza  de  los  Inmigrantes  a  las  17,  30  hs  al  lado  de  la  Estación  B.Mitre,  Olivos.

ASAMBLEA  DE  VECINOS  DE  VICENTE  LÓPEZ

JORGE MACRI NO CONTESTÓ EL OFICIO DE LA JUEZA

CAPITULO IV

MEDIDAS CAUTELARES

ARTICULO 22º:  (Texto según Ley 13101) Principio general.

1.  Podrán disponerse medidas cautelares siempre que:

a)  Se invocare un derecho verosímil en relación al objeto del proceso.

b)  Existiere la posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho.

c)  La medida requerida no afectare gravemente el interés público.

2.  El juez podrá adoptar toda clase de medidas que resulten idóneas para asegurar el objeto del proceso, tanto las regladas en el presente Código como las previstas en el Código Procesal Civil y Comercial.

3.  Podrán disponerse medidas de contenido positivo, con el objeto de imponer la realización de una determinada conducta a la parte demandada. A tal fin, el juez deberá ponderar, además de los extremos previstos en el inciso 1, la urgencia comprometida en el caso y el perjuicio que la medida pudiera originar tanto a la demandada como a los terceros y al interés público.

ARTICULO 23º:  (Texto según Ley 13101) Oportunidad. Caducidad de las medidas cautelares.

1.  Las medidas cautelares podrán solicitarse en modo anticipado, simultáneo o posterior a la promoción de la demanda. Se decretarán sin audiencia de la otra parte; sin perjuicio de lo cual el juez, en atención a las circunstancias del caso, podrá requerir un informe previo a la parte demandada o a la alcanzada por la medida solicitada, que deberá ser contestado en un plazo no mayor de cinco (5) días.

2.  Se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares decretadas con anterioridad a la demanda, en los siguientes supuestos:

a)  Tratándose de una pretensión de anulación, si estando agotada la vía administrativa, la demanda no fuere interpuesta dentro de los treinta (30) días siguientes al de la notificación de la medida cautelar. El plazo de caducidad correrá a partir del día siguiente al de la notificación del acto que agote la vía administrativa.

b)  En los demás supuestos, de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil y Comercial.

3.  En caso de decretarse la caducidad por vencimiento de los plazos previstos en este artículo, las costas y los daños y perjuicios causados, serán a cargo de quien hubiese obtenido la medida cautelar anticipada. Esta no podrá solicitarse nuevamente por la misma causa.

ARTICULO 24º:  (Texto según Ley 13101) Contracautela.

1.  Si se hiciere lugar a la medida cautelar, el juez fijará el tipo y monto de la caución que deberá prestar el peticionante por las costas, daños y perjuicios que se derivaren en caso de haberla peticionado sin derecho. El juez graduará el tipo y monto de la caución, de acuerdo con la mayor o menor verosimilitud del derecho y las circunstancias del caso.

2.  No se exigirá contracautela cuando la parte que solicitare la medida cautelar fuere la Provincia, un municipio o un ente provincial o municipal.

3.  En los supuestos de pretensiones deducidas en materia de empleo público o en materia previsional por los agentes o reclamantes de beneficios previsionales, o a quien interviniere en el proceso con beneficio para litigar sin gastos, se exigirá únicamente la caución juratoria.

OPDS, Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, no responde....

Federico Bordelois (Director técnico) del OPDS  quien no responde  la nota que le presentamos respecto del mega II y la Subestación.....Se abrió una carátula "Mega II y Subestación" Expte 2145-26572/12 pero Bordelois NO RESPONDE!!!!!

A  nuestra   derecha el  Director  de  línea  que  firma  los  permisos  o  declaraciones  de  impacto  ambiental  Federico  Bordelois  

Al centro   Jarsún,  Federico,  el  Ingeniero  Jefe  del  área.....

Ver:
http://www.opds.gba.gov.ar/index.php/paginas/ver/ota_pagina_principal

Del proceso administrativo.No a la privatización de nuestra costa

Va  para  nuestra  demanda  por  la  costa

LEY 12008

Texto actualizado con las modificaciones introducidas por la ley 12310,  13101 y 13325.

NOTA: La Ley 12.162 dispone que la Ley 12.008 entrará en vigencia a partir del 1/6/99.

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY

TITULO  I

DEL PROCESO ADMINISTRATIVO

CAPITULO I

DE LA COMPETENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

 

ARTICULO 1.- Cláusula general de la materia contencioso administrativa

1.- Corresponde a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras personas, con arreglo a las prescripciones del presente Código.

2.- La actividad de los órganos del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de los demás entes provinciales o municipales, se presume realizada en el ejercicio de funciones administrativas y regida por el derecho administrativo. Procederá esta presunción aun cuando se aplicaren por analogía normas de derecho privado o principios generales del derecho.

ARTICULO 2º: Casos incluidos en la materia contencioso - administrativa. La competencia contencioso - administrativa comprende las siguientes controversias:

1.  Las que tengan por objeto la impugnación de actos administrativos, de alcance particular o general, *y de ordenanzas municipales. Quedan incluidas en este inciso las impugnaciones que se deduzcan en contra de las resoluciones emanadas del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Fiscal y de cualquier otro Tribunal de la Administración Pública, así como las que se deduzcan en contra de actos sancionatorios dispuestos en el ejercicio de la policía administrativa - a excepción de aquéllas sujetas al control del órgano judicial previsto en los artículos 166, segundo párrafo, 172 y 216 de la Constitución de la Provincia y 24 inciso 3) de la Ley 11.922.

* Lo subrayado corresponde al Texto Original de la presente. La Ley 13101 que incorporó los incisos 8) y 9) al presente artículo, cuando transcribe el mismo no lo menciona.

2.  Las que se susciten entre prestadores de servicios públicos o concesionarios de obras públicas y usuarios, en cuanto se encuentren regidas por el derecho administrativo.

3.  Aquéllas en las que sea parte una persona pública no estatal, cuando actúe en el ejercicio de prerrogativas regidas por el derecho administrativo.

4.  Las que versen sobre la responsabilidad patrimonial, generada por la actividad lícita o ilícita  de la Provincia, los Municipios y los entes públicos estatales previstos en el artículo 1°, regidas por el derecho público, aún cuando se invocaren o aplicaren por analogía normas del derecho privado.

5.  Las relacionadas con la aplicación de tributos provinciales o municipales.

6.  Las relativas a los contratos administrativos.

7.  Las que promuevan los entes públicos estatales previstos en el artículo 1°, regidas por el derecho administrativo.

8.  (Inciso incorporado por Ley 13101) Las relacionadas con la ejecución de tributos provinciales.

9.  (Inciso incorporado por Ley 13101) Las que versen sobre limitaciones al dominio por razones de interés público, servidumbres administrativas y expropiaciones.

                        La enunciación anterior es meramente ejemplificativa. No implica la exclusión del conocimiento por los tribunales contencioso-administrativos de otros casos regidos por el derecho administrativo.

ARTICULO 3º: Planteo y resolución de cuestiones constitucionales. La competencia contencioso-administrativa no quedará desplazada aún cuando para la resolución del caso fuere necesario declarar la inconstitucionalidad de leyes, de ordenanzas municipales o de actos administrativos de alcance general o particular.

ARTICULO 4º: (Texto según Ley 13101) Casos excluidos de la materia contencioso-administrativa. No corresponden a la competencia de los tribunales contencioso-administrativos las siguientes controversias:

1.  Las que se encuentran regidas por el derecho privado o por las normas o convenios laborales.

2.  Las que tramitan mediante los juicios de desalojo, interdictos y las pretensiones posesorias.

3.  Los conflictos interadministrativos provinciales que serán dirimidos por el Poder Ejecutivo Provincial, conforme al régimen que al efecto se apruebe

ARTICULO 5º: (Texto según Ley 13101) Criterios para la determinación de la competencia en razón del territorio:

1.- Será competente el juzgado contencioso-administrativo correspondiente al domicilio de las personas cuya actuación u omisión dé lugar a la pretensión procesal.

2.- Se exceptúan de dicha regla las siguientes controversias:

a)  Las relativas a la relación de empleo público, en las que será competente el juez correspondiente al lugar de la prestación de servicios del agente, o al del domicilio de la demandada, o al del domicilio del demandante a elección de este último.

b)  Las que versen sobre pretensiones deducidas por reclamantes o beneficiarios de prestaciones previsionales y pretensiones contra resoluciones de colegios o consejos profesionales y sus cajas previsionales en las que será competente el juez correspondiente al domicilio del interesado o al de la demandada, a elección del demandante.

c)  Las que se susciten entre prestadores de servicios públicos o concesionarios de obras públicas y usuarios, en las cuales será competente el juez correspondiente al lugar de ejecución de la prestación.

d)  Las que versen sobre pretensiones relacionadas con contratos administrativos en las que será competente el juez correspondiente al lugar de celebración del contrato. Si el contrato lo admitiere en modo expreso, las referidas controversias podrán plantearse, a opción del demandante ante el lugar de cumplimiento o el del domicilio del demandado.

e)  Las correspondientes a servidumbres administrativas y expropiaciones, en las cuales será competente el juez correspondiente al lugar de radicación de los bienes involucrados. Este criterio se aplicará para las pretensiones resarcitorias en el caso de las restantes limitaciones al dominio por razones de interés público, salvo que ellas incluyan el pedido de anulación de un acto administrativo en cuyo caso se aplicará la regla consagrada en el inciso 1) del presente artículo.

ARTICULO 6º:   Improrrogabilidad de la competencia. La competencia contencioso administrativa en razón de la materia es improrrogable. Podrá comisionarse a otros tribunales la realización de diligencias o medidas ordenadas en los respectivos procesos.

ARTICULO 7°: (Texto según Ley 13101) Conflictos de competencia.

1.  Los conflictos de competencia entre los jueces contencioso administrativos serán tramitados por vía incidental y resueltos por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con competencia territorial común, causando ejecutoria su decisión. Los conflictos planteados entre un Juez Contencioso Administrativo o una Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y un Tribunal de otro fuero, serán resueltos por la Suprema Corte de Justicia, causando ejecutoria su decisión.

2.         Durante el trámite del conflicto de competencia, se suspenderá el procedimiento sobre lo principal, salvo las medidas cautelares o cualquier diligencia de cuya omisión pudiere resultar un perjuicio grave.

3.         Cuando se declarase que el caso es contencioso administrativo, se dispondrá la prosecución de las actuaciones en esta vía. En tal supuesto, para verificar el cumplimiento del plazo previsto en el artículo 18º, la pretensión se considerará presentada en la fecha de interposición de la demanda aunque el juez sea incompetente.

ARTICULO 8º: (Texto según Ley 13101) Declaración de incompetencia.El juez, antes de dar traslado de la demanda, procederá a declarar, si correspondiere, y por resolución motivada, su incompetencia. En tal supuesto remitirá los autos al tribunal considerado competente, si perteneciere a la jurisdicción provincial. En caso contrario, dispondrá su archivo.

CAPITULO II

DE LA REPRESENTACION ESTATAL Y LOS TERCEROS

ARTICULO 9º :  (Texto según Ley 13101) De la representación de los órganos y entes estatales.

1.  El Fiscal de Estado intervendrá en los procesos contencioso-administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución Provincial y las disposiciones legales correspondientes.

2.   Cuando en el ejercicio de sus funciones, el Fiscal de Estado promueva una pretensión anulatoria de un acto administrativo emanado de una autoridad provincial, la defensa procesal de ésta y la correspondiente intervención en el proceso, en representación de la parte demandada, corresponderán al Asesor General de Gobierno.

3.  Los Municipios y demás entes provinciales o municipales que comparezcan como actores o demandados, y no estén alcanzados por los términos del inciso 1), última parte del presente artículo, serán representados por los abogados de sus respectivos servicios jurídicos, o por los letrados que se designen.

4.  Los representantes o letrados de los entes previstos en el artículo 1 tendrán los mismos derechos y obligaciones de los demás que intervengan en el proceso. Se exceptúan de esa regla, al Fiscal de Estado y al Asesor General de Gobierno, quienes deberán ser notificados en sus despachos oficiales.

ARTICULO 10°: (Texto Ley 13101) Coadyuvantes.

1.  Los terceros directamente favorecidos por la actuación u omisión que diera lugar a la pretensión, intervendrán como coadyuvantes en cualquier estado del proceso. Su intervención no podrá hacer retrotraer, interrumpir o suspender el proceso cualquiera sea el estado en que intervengan.

2.  En su primera presentación el coadyuvante deberá cumplir, en lo pertinente, con los recaudos exigidos para la demanda. Cuando hubiere más de un coadyuvante de una misma parte, el Juez  podrá ordenar la unificación de su representación.

3.  El coadyuvante tiene los mismos derechos procesales que la parte con la que coadyuva. La sentencia tendrá efectos y hará cosa juzgada en relación al coadyuvante.

ARTICULO 11º:   Intervención de terceros. Remisión. En los demás casos la intervención de terceros en el proceso, se regirá por las normas del Código Procesal Civil y Comercial.

CAPITULO III

DE LAS PRETENSIONES

ARTICULO 12º:  (Texto según Ley 13101) Pretensiones. En el proceso contencioso-administrativo podrán articularse pretensiones con el objeto de obtener:

1.  La anulación total o parcial de actos administrativos de alcance particular o general.

2.  El restablecimiento o reconocimiento del derecho o interés tutelados.

3.  El resarcimiento de los daños y perjuicios causados.

4.  La declaración de certeza sobre una determinada relación o situación jurídica regidas por el derecho administrativo. La pretensión respectiva tramitará con arreglo a lo previsto en el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial.

5.  La cesación de una vía de hecho administrativa.

6.  Se libre orden judicial de pronto despacho, en los términos previstos en el Capítulo IV del Título II.

ARTICULO 13º: Legitimación activa. Está legitimada para deducir las pretensiones previstas en el presente Código, toda persona que invoque una lesión, afectación o desconocimiento de sus derechos o intereses tutelados por el ordenamiento jurídico.

ARTICULO 14º: (Texto según Ley 13101) Requisitos de admisibilidad de la pretensión. Supuestos de agotamiento de la vía administrativa.

1.  Sin perjuicio de los demás requisitos previstos en el presente Código, será necesario agotar la vía administrativa como requisito de admisibilidad de la pretensión procesal en todos los casos salvo los siguientes supuestos:

a)  Cuando el acto administrativo definitivo de alcance particular hubiera sido dictado por la  autoridad jerárquica superior con competencia resolutoria final o por el  órgano con competencia delegada sea de oficio o con la previa audiencia o intervención del interesado.

b)  Cuando mediare una clara conducta de la demandada que haga presumir la ineficacia cierta de acudir a una vía administrativa de impugnación o cuando, en atención a particulares circunstancias de caso, exigirla resultare para el interesado una carga excesiva o inútil. La interposición de la demanda importará la interrupción de los plazos de caducidad para la presentación de los recursos en sede administrativa.

C) Cuando se impugnare directamente un acto administrativo de alcance general emanado de la autoridad jerárquica superior o del órgano con competencia delegada por aquella.

d)      En los casos previstos en los artículos 12 incisos 4) y 5) y 16) del presente Código.

2. La falta de impugnación directa o su desestimación, de un acto de alcance general, no impedirá la impugnación de los actos individuales de aplicación. La falta de impugnación de los actos individuales que aplican un acto de alcance general, tampoco impedirá la impugnación de éste, sin perjuicio de los efectos propios de los actos individuales que se encuentren firmes o consentidos.

ARTICULO 15º:  Agotamiento de la vía administrativa ante tribunales administrativos y entes reguladores. En el supuesto de pretensiones de anulación de actos administrativos emanados de Tribunales de la Administración Pública o de entes reguladores de servicios públicos el agotamiento de la vía administrativa se regirá por las disposiciones que determinen los procedimientos ante los mismos. Las normas previstas en el presente Código serán de aplicación supletoria.

ARTICULO 16º: (Texto según Ley 13101) Silencio administrativo

1. Cuando hubiere vencido el plazo que alguno de los entes  mencionados en el artículo 1º del presente Código, tuviese para resolver un recurso, reclamo o petición planteados en sede administrativa, el interesado podrá solicitar pronto despacho. Esta solicitud  deberá presentarse, a opción de aquél, ante la dependencia donde se hallaren radicadas las actuaciones,  ante el órgano responsable del procedimiento o bien ante la autoridad jerárquica superior con competencia resolutoria final. Transcurridos treinta (30) días hábiles administrativos desde la presentación del pronto despacho, sin que se dictare el acto correspondiente, se presumirá la existencia de una resolución denegatoria o adversa para el interesado y quedará expedita la instancia  judicial.

2. También podrá promoverse la pretensión sobre la base del silencio administrativo, cuando alguno de los entes  enunciados en el artículo 1° del presente Código omitiere o retardare el dictado de actos de trámite o preparatorios. En tal supuesto, el interesado podrá  solicitar el pronto despacho en los términos establecidos en el inciso anterior y transcurridos treinta (30) días hábiles administrativos desde esta solicitud, sin que se dictare el acto correspondiente, se presumirá la existencia de una resolución denegatoria o adversa para el interesado y quedará expedita la instancia judicial.

ARTICULO 17º:  (Artículo Derogado por Ley 13101) Otros supuestos de inactividad administrativa. Cuando la pretensión procesal versara sobre la realización de una prestación específica y determinada en los términos del artículo 12° inciso 6) del presente Código, con carácter previo deberá reclamarse su cumplimiento a la autoridad jerárquica superior con competencia resolutoria final. Si ésta no cumpliere en el plazo establecido o, en su defecto, en el de noventa (90) días hábiles administrativos contados a partir del día siguiente al del reclamo, se presumirá la existencia de una resolución denegatoria o adversa para el interesado. En tal supuesto, quedará expedita la instancia judicial. La vía del presente artículo será opcional para el interesado.

ARTICULO 18°: (Texto Ley 13101) Plazo para deducir la pretensión. La pretensión de anulación, la resarcitoria vinculada con aquélla, la de restablecimiento o reconocimiento de derechos o intereses tutelados y la de cese de una vía de hecho administrativa, deberán promoverse dentro del plazo perentorio de noventa (90) días, contados de la siguiente manera:

a)      Si se pretendiere la anulación de actos administrativos de alcance particular, desde el día siguiente al de la fecha de la notificación al interesado del acto definitivo y que agota la vía administrativa. En caso de haberse deducido contra el citado acto un recurso administrativo procedente, el plazo se contará desde el día siguiente al de la fecha de la notificación al interesado de la decisión que rechace aquel recurso.

b) Si se pretendiere la anulación de actos administrativos de alcance general, desde el día siguiente a la fecha de su publicación o, en su caso desde el día siguiente al de la fecha de la notificación al interesado del acto definitivo y que agota la vía administrativa.

c)Si se pretendiere la anulación de un acto de alcance general juntamente con la impugnación de los actos administrativos que les hayan dado aplicación, desde el día siguiente al de la notificación al interesado del acto definitivo y que agota la vía administrativa.

d)Si se tratare de las pretensiones reguladas en el artículo 12 inciso2) desde el día siguiente al de la fecha de la notificación al interesado del acto definitivo y que agota la vía administrativa.

 e)Si se tratare de una vía de hecho administrativa, desde que fuere conocida por el afectado.

ARTICULO 19°: (Texto Ley 13101) Pago previo en materia tributaria.

1.  Será obligatorio el pago previo a la interposición de la demanda, cuando se promueva una pretensión contra un acto administrativo que imponga una obligación tributaria de dar sumas de dinero.

2.  Antes de correr traslado de la demanda, el Juez verificará el cumplimiento de este requisito procesal, a cuyo fin procederá a intimar al demandante el pago de la suma determinada, con exclusión de las multas y recargos, dentro del plazo de diez (10) días, bajo apercibimiento de desestimar por inadmisible la pretensión.

3.  El pago previo no será exigible cuando:

a)  Su imposición configurase un supuesto de denegación de justicia.

b)  Se deduzca una pretensión meramente declarativa. En este supuesto, la autoridad provincial o municipal tendrá derecho a promover contra el demandante el correspondiente juicio de apremio.

ARTICULO 20º:  (Texto según Ley 13101) Pretensión resarcitoria e ilegitimidad de actos administrativos

1. Juntamente con la pretensión de anulación puede reclamarse el resarcimiento de los daños y perjuicios, aplicándose el plazo de caducidad del artículo 18 del presente Código.

2. El interesado podrá deducir la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios, como reclamo autónomo luego de finalizado el proceso de anulación que le sirve de fundamento y dentro del plazo de prescripción de la misma.

ARTICULO 21º:  Pretensión de cesación de vías de hecho administrativas. Trámite.

1.  Contra las vías de hecho producidas por alguno de los entes previstos en el artículo 1°, podrá deducirse la pretensión directamente en sede judicial, sin que sea menester formular un reclamo previo en sede administrativa.

2.  A excepción de lo relativo al plazo para la interposición de la demanda, el trámite de esta pretensión se regirá por las disposiciones relativas al proceso sumarísimo previstas en el Código Procesal Civil y Comercial.

CAPITULO IV

MEDIDAS CAUTELARES

ARTICULO 22º:  (Texto según Ley 13101) Principio general.

1.  Podrán disponerse medidas cautelares siempre que:

a)  Se invocare un derecho verosímil en relación al objeto del proceso.

b)  Existiere la posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho.

c)  La medida requerida no afectare gravemente el interés público.

2.  El juez podrá adoptar toda clase de medidas que resulten idóneas para asegurar el objeto del proceso, tanto las regladas en el presente Código como las previstas en el Código Procesal Civil y Comercial.

3.  Podrán disponerse medidas de contenido positivo, con el objeto de imponer la realización de una determinada conducta a la parte demandada. A tal fin, el juez deberá ponderar, además de los extremos previstos en el inciso 1, la urgencia comprometida en el caso y el perjuicio que la medida pudiera originar tanto a la demandada como a los terceros y al interés público.

ARTICULO 23º:  (Texto según Ley 13101) Oportunidad. Caducidad de las medidas cautelares.

1.  Las medidas cautelares podrán solicitarse en modo anticipado, simultáneo o posterior a la promoción de la demanda. Se decretarán sin audiencia de la otra parte; sin perjuicio de lo cual el juez, en atención a las circunstancias del caso, podrá requerir un informe previo a la parte demandada o a la alcanzada por la medida solicitada, que deberá ser contestado en un plazo no mayor de cinco (5) días.

2.  Se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares decretadas con anterioridad a la demanda, en los siguientes supuestos:

a)  Tratándose de una pretensión de anulación, si estando agotada la vía administrativa, la demanda no fuere interpuesta dentro de los treinta (30) días siguientes al de la notificación de la medida cautelar. El plazo de caducidad correrá a partir del día siguiente al de la notificación del acto que agote la vía administrativa.

b)  En los demás supuestos, de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil y Comercial.

3.  En caso de decretarse la caducidad por vencimiento de los plazos previstos en este artículo, las costas y los daños y perjuicios causados, serán a cargo de quien hubiese obtenido la medida cautelar anticipada. Esta no podrá solicitarse nuevamente por la misma causa.

ARTICULO 24º:  (Texto según Ley 13101) Contracautela.

1.  Si se hiciere lugar a la medida cautelar, el juez fijará el tipo y monto de la caución que deberá prestar el peticionante por las costas, daños y perjuicios que se derivaren en caso de haberla peticionado sin derecho. El juez graduará el tipo y monto de la caución, de acuerdo con la mayor o menor verosimilitud del derecho y las circunstancias del caso.

2.  No se exigirá contracautela cuando la parte que solicitare la medida cautelar fuere la Provincia, un municipio o un ente provincial o municipal.

3.  En los supuestos de pretensiones deducidas en materia de empleo público o en materia previsional por los agentes o reclamantes de beneficios previsionales, o a quien interviniere en el proceso con beneficio para litigar sin gastos, se exigirá únicamente la caución juratoria.

ARTICULO 25º:  (Texto según Ley 13101) Suspensión de la ejecución de un acto administrativo.

1.  Las partes podrán solicitar la suspensión de la ejecución de un acto administrativo siempre que se alegare fundadamente el cumplimiento de los recaudos previstos en el artículo 22 inciso 1). El juez deberá evaluar si la medida suspensiva tiende a evitar prejuicios irreversibles, aún cuando pudieren ser objeto de una indemnización posterior.

2.  Para decretar la suspensión de la ejecución de un acto administrativo será necesario el planteo previo de esa medida en sede administrativa y que su resolución hubiera sido adversa para el peticionante. Presentada la petición en sede administrativa el estado deberá expedirse en el plazo de 5 días hábiles, fenecidos los cuales sin que hubiere un pronunciamiento expreso se presumirá la existencia de resolución denegatoria quedando expedita la instancia judicial.

ARTICULO 26º:  (Texto según Ley 13101) Levantamiento de la medida cautelar por razones de interés público. Cambio de circunstancias.

1.  Si la Provincia, un municipio, o un ente provincial o municipal invocasen fundadamente, en cualquier estado del proceso, que la medida cautelar dispuesta provoca un grave daño al interés público, el juez, previo traslado a la contraparte por cinco (5) días, resolverá sobre el levantamiento o mantenimiento de la medida.

2.  En caso de que se resuelva dejar sin efecto la medida, se declarará a cargo del peticionante la responsabilidad por los daños y perjuicios que ello pueda causar en el supuesto de que se hiciese lugar a la demanda.

3.  Fuera del supuesto previsto en los incisos anteriores, el juez, a pedido de parte o de oficio, podrá levantar, modificar o sustituir la medida cautelar cuando cambiaren las circunstancias que la determinaron.

CAPITULO V

DE LA DEMANDA

ARTICULO 27º:  (Texto según Ley 13101) Estructura y formalidades. La demanda será presentada por escrito y contendrá:

1.  El nombre y apellido, domicilio real o legal según corresponda, domicilio especial constituido y demás condiciones personales del demandante.

2.  El nombre y apellido, domicilio y demás condiciones personales del demandado.

3.  La individualización y contenido de la actuación u omisión administrativa que configura el caso, precisando los motivos por los que se considera lesionado, afectado o desconocido el derecho o interés jurídicamente tutelado del demandante.

4.  La relación metódica y explicada de las circunstancias del caso, con especial referencia a los hechos en que se funde la pretensión, expuestos en modo conciso y claro.

5.  El derecho en que se funda la pretensión, expuesto sucintamente.

6.  La justificación de la competencia del juzgado.

7.  El ofrecimiento pormenorizado de toda la prueba cuya producción se propone en el proceso.

El objeto y alcance de la pretensión, expuestos con claridad y precisión. Deberá fijarse el monto reclamado, salvo cuando a la actora no le fuere posible determinarlo al promover la demanda, por las circunstancias del caso o porque la estimación dependiera de elementos no establecidos definitivamente al momento de la pretensión. En tales supuestos no procederá la excepción de defecto legal. La sentencia determinará, en su caso, el monto que resulte de las pruebas producidas.

ARTICULO 28º:  Documentos que deben acompañarse con la demanda.

1.  Junto con el escrito de demanda, deberá acompañarse toda la prueba documental que estuviese en poder del demandante. En particular, deberán acompañarse los siguientes documentos:

a)  El instrumento que acredite la representación invocada, con arreglo a lo dispuesto en el Código Procesal Civil y Comercial.

b)   La documentación, o la referencia de donde se hallare, del título en que se funda el derecho o interés jurídicamente tutelado que se invoque por el demandante.

c)  Copias para traslado.

2.   En lo pertinente, se aplicarán las mismas reglas para la contestación de demanda y la reconvención.

ARTICULO 29º:  Nuevos documentos.

1.  Después de presentada la demanda o de contestada la misma, se podrán presentar por las partes, los documentos que se hallasen en las condiciones siguientes:

a)  Ser de fecha posterior a la demanda y su contestación y tener relación directa con la cuestión sometida al proceso.

b)  Ser de fecha anterior, pero con juramento de la parte que los presente, de no haber tenido antes noticia de su existencia.

c)  Habiendo sido individualizados en la demanda o contestación, la parte sólo los haya podido obtener después de presentado el escrito respectivo.

2.   En tales casos se dará vista a la otra parte, quien deberá cumplir la carga prevista en el artículo 37° inciso 2) del presente Código.

ARTICULO 30º: (Texto según Ley 13101) Remisión de expedientes administrativos por el ente demandado.

1.         Cuando correspondiere por las características del caso, el Juez requerirá por oficio al órgano o ente correpondiente los expedientes administrativos relacionados con la pretensión deducida, los que deberán serle remitidos en su totalidad dentro de los quince (15) días. El órgano competente de la autoridad requerida deberá dar constancia firmada, con indicación de fecha y hora, de la recepción del oficio pertinente.

2.  Si la autoridad requerida no remitiere los expedientes en el plazo correspondiente, el Juez  proseguirá la causa en la forma prevista en el artículo 32º, última parte, tomando como base la exposición de los hechos contenida en la demanda, sin perjuicio de la facultad de la demandada de ofrecer y producir toda la prueba que estime corresponder a su derecho.

ARTICULO 31º:  (Texto según Ley 13101) Examen de admisibilidad. Subsanación de defectos.

1.  Antes de dar traslado de la demanda, el juez examinará si la pretensión reúne los requisitos de admisibilidad.

2.  No habiéndose declarado incompetente el juez y declarada la admisibilidad de la pretensión, éste no podrá volver sobre ello, salvo que se oponga alguna de las excepciones previstas en el artículo 35° del presente Código.

3.  Si la pretensión no cumpliere alguno de los requisitos de admisibilidad, y de ser ello posible, el juez, determinará la subsanación de los defectos incurridos dentro del plazo que al efecto fije, el que no podrá ser inferior a cinco (5) días, bajo apercibimiento de desestimar la pretensión. Si ello fuere improcedente, declarará inadmisible la pretensión deducida.

4.  En el supuesto del artículo 19° del presente Código, se aplicará el plazo establecido en el inciso 2) de la citada norma.

ARTICULO 32º: (Texto Ley 13101) Ampliación o transformación de la demanda.

 Recibidos los expedientes administrativos en Secretaría, la parte actora, dentro de los quince (15) días de notificada por cédula tal recepción, podrá ampliar o transformar la demanda. Cumplido el referido trámite o vencido el plazo, el Juez dispondrá correr traslado de la demanda, previo examen de admisibilidad conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del presente Código.

ARTICULO 33º:  Notificación de la demanda. La demanda se notificará:

1.  Al Fiscal de Estado, cuando la pretensión fuere dirigida contra la Provincia o un ente provincial cuya representación legal le correspondiere.

2.  Al Intendente Municipal, cuando la pretensión fuere dirigida contra una Municipalidad. Si se tratare de una impugnación contra una ordenanza municipal, también deberá notificarse al Presidente del Concejo Deliberante.

3.  A la autoridad superior del ente descentralizado provincial cuando la pretensión fuere dirigida contra aquél, cuya representación procesal no estuviere a cargo del Fiscal de Estado.

4.  A la autoridad superior del ente descentralizado municipal, cuando la pretensión fuere dirigida en su contra.

5.  A la autoridad superior de la persona pública no estatal, cuando la pretensión fuere dirigida en su contra.

6.  Al particular demandado, con arreglo a las reglas del Código Procesal Civil y Comercial.

7.  Al Asesor General de Gobierno, cuando se diere el supuesto del artículo 9° inciso 2) del presente Código.

CAPITULO VI

DE LAS EXCEPCIONES

ARTICULO 34º: (Texto Ley 13101) Plazo y forma de oponerlas.

1.         Dentro de los primeros quince (15) días del plazo para contestar la demanda, la demandada podrá oponer, en un solo escrito, las excepciones de previo y especial pronunciamiento previstas en el artículo siguiente. La oposición de excepciones suspende el plazo para contestar la demanda en relación a todos los emplazados en la causa, aún respecto de aquellos que no las hubieren opuesto.

2.  Con el escrito respectivo se acompañará toda la prueba documental y se ofrecerá la restante.

3.  Del escrito de oposición de excepciones se correrá traslado a la parte contraria, quien deberá contestarlo dentro de los cinco (5) días de notificado, personalmente o por cédula, plazo en el cual deberá agregar la prueba documental y ofrecer la restante.

4.         Contestado el traslado o vencido el término para hacerlo, y no habiéndose ofrecido prueba, o siendo ésta desestimada por el juez llamará autos para resolver, debiendo pronunciarse en un plazo de quince (15) días.

5.  Si se ofreciere prueba y el Juez la considerase procedente, se abrirá un período para su producción no mayor de diez (10) días, vencido el cual se procederá conforme a lo dispuesto en el inciso anterior.

6.  Las reglas previstas en el presente Capítulo se aplicarán, en lo pertinente, al trámite de las excepciones opuestas contra la reconvención.

ARTICULO 35º:  (Texto según Ley 13101) Excepciones admisibles.

1.   Sólo se admitirán como previas las siguientes excepciones:

a)  Incompetencia del juez.

b)  Falta de personería en el demandante, en el demandado o en sus representantes.

c)  Litispendencia.

d)  Defecto legal en el modo de proponer la demanda, por no cumplir con los requisitos enumerados en el artículo 27° del presente Código.

e)  Cosa Juzgada.

f)    Transacción, conciliación y desistimiento del derecho.

g)  Falta de legitimación para obrar en el demandante o en el demandado cuando fuere manifiesta, sin perjuicio, en caso de no ocurrir esta última circunstancia, de que el juez la considere en la sentencia definitiva.

h)  Prescripción.

i)    Inadmisibilidad de la pretensión, por no cumplir con los requisitos previstos en los artículos 14°, 15°, 16°, 18° y 19° del presente Código, por demandarse la nulidad de un acto administrativo consentido o impugnarse un acto que no revista la condición de definitivo o asimilable, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14°.

2.  Las excepciones enumeradas en los apartados g) y h) podrán también oponerse como defensa de fondo al contestar la demanda.

ARTICULO 36º:  (Texto según Ley 13101) Resolución de las excepciones:

1.  La decisión del juez que desestimare las excepciones planteadas, ordenará la reanudación del plazo para contestar la demanda, lo que deberá hacerse dentro de los treinta (30) días de notificada.

2.  En el supuesto de admitirse las excepciones, el juez procederá de la siguiente manera:

a)  En el caso de la excepción prevista en el inciso 1), apartado a) del artículo anterior, aplicará lo dispuesto en el artículo 8°.

b)  En el caso de las excepciones previstas en los apartados b) y d) del artículo anterior, fijará el plazo dentro del cual deben subsanarse los defectos, bajo apercibimiento de tener al demandante por desistido del proceso. Subsanados ellos, se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior.

c)  En el supuesto de las excepciones previstas en el inciso 1) apartado i) del artículo anterior, cuando se refieran a la falta de agotamiento de la vía administrativa o a la no configuración del silencio administrativo, conforme a lo dispuesto en los artículos 14° y 16°, determinará si fuere procedente, el modo de subsanar tales defectos, aplicándose lo dispuesto en el apartado anterior. Caso contrario, se declarará la inadmisibilidad de la pretensión.

d)  En el caso de las excepciones previstas en el inciso 1) apartados c), e), f), g) y h) del artículo anterior, así como en el supuesto previsto en el apartado i) del mismo precepto, en lo referente a los casos no previstos en los apartados precedentes de este artículo, se declarará la inadmisibilidad de la pretensión.

CAPITULO VII

DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA

ARTICULO 37º:  Formalidades.

1.  La contestación de la demanda se efectuará por escrito. Contendrá, en lo pertinente, los requisitos establecidos en el artículo 27° del presente Código.

2.  En ese escrito, el demandado deberá reconocer o negar en forma categórica cada uno de los hechos expuestos en la demanda, así como pronunciarse en la misma forma sobre la autenticidad de los documentos que se le atribuyen. El silencio o la ambigüedad en la contestación de tales extremos, podrá considerarse como reconocimiento de los hechos, de la autenticidad de los documentos y de su recepción.

3.  Podrán invocarse hechos que se opongan a los alegados por el actor o argumentos de derecho que no se hubieran planteado en el procedimiento administrativo, siempre que se relacionen con el objeto de la pretensión.

ARTICULO 38º:  Plazo para contestar la demanda.

1.  El plazo para contestar la demanda será de cuarenta y cinco (45) días.

2.  Si fueran dos o más los demandados, el plazo será común. Cuando procediere la suspensión o ampliación respecto de uno, el plazo se suspenderá o ampliará respecto de todos.

ARTICULO 39º:  Reconvención.

1.  Al contestar la demanda, la demandada podrá deducir reconvención, siempre que las pretensiones planteadas deriven de la misma relación jurídica o guarden conexidad con las invocadas con la demanda. Deberán observarse las formalidades establecidas en el Capítulo V del Título I del presente Código.

2.  De la reconvención se dará traslado a la demandante por un plazo de treinta (30) días y la contestación se ajustará a lo dispuesto en el artículo 37°. Es de aplicación en lo pertinente, lo dispuesto en el Capítulo VI del Título I del presente Código.

ARTICULO 40º: (Texto Ley 13101)  Diligencias ulteriores.

1.  Si al contestar la reconvención la parte reconvenida agregase nuevos documentos, se correrá traslado de los mismos a la reconviniente, por el término de cinco (5) días, para que reconozca o desconozca su autenticidad, lo que se notificará por cédula.

2.         Contestado el traslado de la demanda o reconvención, en su caso, o vencidos los plazos para hacerlo, resueltas las excepciones previas, y siempre que se hayan alegado hechos conducentes acerca de los cuales no hubiese conformidad entre las partes, el Juez recibirá la causa a prueba, procediendo a tal fin de acuerdo a lo previsto en el artículo 41.

ARTICULO 41º: (Texto Ley 13101)  Audiencia. Determinación de los hechos y de la prueba.

1.  A los fines de lo establecido en el artículo 40 inciso 2) del presente Código, el Juez citará a las partes dentro de los quince (15) días a una audiencia, que se celebrará con su presencia en la que:

a)     Fijará por sí los hechos articulados que sean conducentes a la decisión del proceso, sobre los cuales versará la prueba y desestimará los que considere inconducentes, de acuerdo con las constancias de la causa.

b)     Recibirá y resolverá en el mismo acto el pedido de oposición a la apertura a prueba de la causa, para lo cual será necesario escuchar a la contraparte.

c)     Recibirá y resolverá en el mismo acto las manifestaciones de las partes, si las tuvieren, con referencia a lo prescrito en el artículo 42° del presente Código.

d)     Declarará cuáles pruebas son procedentes para la continuación del juicio.

e)     Declarará si la cuestión fuere de puro derecho, con lo que la causa quedará concluida para definitiva.

2.  Si en la audiencia prevista en el inciso anterior, las partes manifestaren que no tienen ninguna prueba a producir o que ésta consiste únicamente en las constancias del expediente o en la documental ya agregada y no cuestionada, se dejará constancia de ello. El Juez correrá traslado por cinco (5) días comunes, para que las partes expongan sus alegaciones sobre los hechos y el derecho controvertidos en la causa.

ARTICULO 42º: Hechos Nuevos.

1.      Cuando con posterioridad a la contestación de la demanda o reconversión, ocurriese o llegase a conocimiento de las partes algún hecho que tuviese relación con la cuestión que se ventila, podrán alegarlo hasta cinco (5) días después de celebrada la audiencia prevista en el artículo 41 del presente Código.

2.      Del escrito en que se alegue tal circunstancia, se dará traslado a la otra parte, quien dentro del plazo para contestarlo podrá también invocar otros hechos en contra posición a los alegados. En este caso quedará suspendido el plazo de prueba hasta la notificación de la resolución que los admita o deniegue.

CAPITULO VIII

DE LA PRUEBA Y LOS ALEGATOS

ARTICULO 43º (Texto Ley 13101) Plazo de producción de las pruebas.

El plazo de prueba será fijado por el Juez y no excederá de cuarenta (40) días. Dicho plazo es común y comenzará a correr a partir del día siguiente al de la fecha de celebración de la audiencia prevista en el artículo 41 del presente Código.

ARTICULO 44º:  Prueba de peritos. No será causal de recusación para los peritos la circunstancia de que sean funcionarios o agentes públicos, salvo cuando se encontraren bajo la dependencia jerárquica directa del órgano cuya actuación u omisión diera lugar a la pretensión.

ARTICULO 45º:  Declaración de funcionarios públicos. Cuando fuere parte la Provincia, un municipio, o un ente provincial o municipal, las preguntas a los funcionarios públicos tramitarán por oficio dirigido a la autoridad superior del ente que en cada caso correspondiere. Las contestaciones, por escrito, deberán efectuarse dentro de los veinte (20) días posteriores a la recepción del oficio.

ARTICULO 46º: (Texto Ley 13101)  Medidas para mejor proveer..

El Juez podrá ordenar de oficio la producción o ampliación de toda medida de prueba que considere conducente a la averiguación de la verdad de los hechos. Esta potestad podrá ejercerse en cualquier estado del proceso, aún después del llamamiento de autos para sentencia. La decisión será irrecurrible.

ARTICULO 47º: (Texto Ley 13101) Vencimiento del plazo de prueba. Vencido el plazo para la producción de las pruebas, el Secretario lo hará constar por nota puesta en los autos al pie de la última diligencia practicada. Después de ello, de la prueba pedida por las partes y no realizada, sólo podrá producirse aquella que el Juez considerase conducente o necesaria para mejor proveer.

ARTICULO 48º: (Texto Ley 13101) Alegatos.

1.  Una vez que las pruebas recibidas a petición de las partes, o las mandadas producir de oficio por el Juez estén reunidas, se pondrán los autos en la Secretaría por el término de diez (10) días comunes, dentro de los cuales las partes podrán presentar el alegato sobre el mérito de la prueba producida.

2.         Presentados los alegatos o vencido el plazo indicado en el artículo anterior o el establecido en el artículo 41 inciso 2), el Juez llamará autos para sentencia.

CAPITULO IX

DE LA SENTENCIA

ARTICULO 49º:  Plazo para dictar sentencia. La sentencia en el proceso ordinario se dictará dentro del plazo de sesenta (60) días desde que la providencia de autos quede firme y observará en lo pertinente los requisitos establecidos en el Código Procesal Civil y Comercial.

ARTICULO 50º: (Texto Ley 13101) Sentencia que hace lugar a la pretensión. La sentencia que haga lugar a la pretensión podrá decidir:

1.  El restablecimiento o reconocimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios a tales fines.

2.  La anulación total o parcial del acto administrativo de alcance general o particular impugnado.

3.  La cesación de la vía de hecho administrativa controvertida.

4.  La declaración de inconstitucionalidad de las normas o actos impugnados en el proceso.

5.  La declaración de certeza sobre la relación o situación jurídica regida por el derecho administrativo, motivo de controversia.

6. El resarcimiento de los daños y perjuicios reclamados. A tal efecto, fijará la cuantía de la indemnización o, cuando por las características del caso ello no fuere posible, establecerá las bases para la liquidación del monto indemnizable, cuya definitiva determinación quedará diferida a la etapa de ejecución de la sentencia.

ARTICULO 51º:  (Texto según Ley 13101) Costas.

1.  El pago de las costas será soportado por las partes en el orden causado.

2.  Las costas se aplicarán a la parte vencida solamente en los siguientes supuestos:

a)      En los procesos de ejecución tributaria.

b)      Cuando la vencida hubiese actuado con notoria temeridad o malicia.

CAPITULO X

DE LOS RECURSOS

ARTICULO 52°:  (Texto según Ley 13101) Aclaratoria.

1.   Dentro de los cinco (5) días de notificada la sentencia definitiva las partes podrán deducir recurso de aclaratoria, con el fin de corregir errores materiales, aclarar algún concepto ambiguo o contradictorio del fallo o suplir cualquier omisión incurrida en el tratamiento y decisión de algunas de las pretensiones planteadas y debatidas en el proceso.

2.   La aclaratoria será resuelta por el juez dentro de los cinco (5) días siguientes a su interposición, sin substanciación alguna.

ARTICULO 53° (Texto Ley 13101) Reposición. Procedencia, plazo y forma de interposición.

1.  El recurso de reposición procederá contra las providencias simples o interlocutorias, a fin de que el órgano que las haya dictado las revoque por contrario imperio.

     El recurso de reposición se interpondrá y fundará por escrito, dentro del plazo de tres (3) días al de la notificación de la resolución; pero cuando ésta se dictare en una audiencia, deberá interponerse verbalmente en el mismo acto. El juez deberá resolver sobre su admisibilidad y procedencia, sin más trámite dentro de los cinco (5) días.

2.  Tratándose de providencias que causen un gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva, la reposición podrá ser acompañada del recurso de apelación en subsidio. En su defecto, la resolución que recaiga hará ejecutoria.

ARTICULO 54°: (Texto Ley 13101) Reposición. Casos particulares.

En los casos en que la resolución dependiere de hechos controvertidos, el juez podrá imprimir al recurso de reposición, el trámite de los incidentes.

La reposición de providencias dictadas de oficio o a pedido de la misma parte que recurrió, será resuelta sin substanciación

ARTICULO 55° : (Texto Ley 13101) Recurso de apelación. Procedencia.

1.  Las sentencias definitivas dictadas por el juez, serán susceptibles de recurso de apelación en las condiciones establecidas en el presente Código.

2.  También serán apelables las siguientes sentencias:

a)  Las que declaren la inadmisibilidad de la pretensión procesal administrativa;

b)  Las que decidan sobre medidas cautelares;

c)  Las que aún recayendo sobre una cuestión incidental, terminen el litigio, hagan imposible su continuación, afecten el cumplimiento de la sentencia, o generen un gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva.

3.   Igualmente procederá contra las providencias simples que causen un gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva.

4.   El recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia.

ARTICULO 56° : (Texto Ley 13101) Plazo, forma de interposición y efectos

1.  El recurso de apelación contra las sentencias definitivas deberá ser interpuesto dentro de los diez (10) días contados a partir del día siguiente al de su notificación. En los demás supuestos, el plazo para apelar será de cinco (5) días.

2.  La apelación se interpondrá por escrito fundado, ante el juez cuya sentencia es impugnada.

3.  El escrito de apelación deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. No bastará con la mera remisión a presentaciones anteriores.

4.  Cuando la Cámara que haya de conocer del recurso de apelación tuviere su asiento en distinta ciudad, en el escrito de interposición y en su contestación, las partes deberán constituir domicilio en aquélla. La parte que no hubiese cumplido este requisito será notificada por ministerio de la ley.

5.  El recurso de apelación tendrá efectos suspensivos. Exceptúase el supuesto de los recursos interpuestos contra las providencias que dispongan medidas cautelares, en las que el juez resolverá conforme lo señalado en el artículo 26.

ARTICULO 57°: (Texto Ley 12.310) Diligencias procesales procedentes en el recurso de apelación contra las sentencias definitivas.

1.  En escrito de interposición de los recursos de apelación articulados contra sentencias definitivas en procesos ordinarios, las partes podrán:

a)  Indicar las pruebas denegadas o que no hubiesen podido producirse antes de la sentencia, y que tuvieren interés en practicar en razón de su importancia actual para la solución del litigio.

b)  Articular hechos nuevos, acaecidos después de dictada la sentencia de mérito, o conocidos con posterioridad a la misma. Serán sustanciados juntamente con el recurso.

c)  En lo pertinente, el trámite probatorio y la articulación de hechos nuevos en instancia de apelación se regirá por las normas previstas en el Libro I, Título IV, Capítulo IV, Sección 3ª Código Procesal Civil y Comercial para el trámite de los recursos de apelación concedidos libremente.

2.  En los restantes supuestos de apelación, las partes no podrán ofrecer pruebas ni alegar hechos nuevos.

ARTICULO 58: (Texto Ley 13101) Examen de admisibilidad y concesión del recurso de apelación

1.  Del recurso de apelación, el juez correrá traslado a la otra parte por igual plazo al señalado para su interposición, el que se notificará personalmente o por cédula. Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, dentro de los cinco (5) días siguientes, se remitirán a la Cámara de Apelaciones los autos principales y los incidentes vinculados al recurso planteado.

2.  Recibidas las actuaciones, la Cámara examinará si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad y mediante resolución fundada se expedirá al respecto. En caso de declararlo inadmisible, se dispondrá la devolución del expediente al juzgado de origen. En caso de considerarlo admisible, no habiéndose articulado las diligencias procesales previstas en el artículo 57 inciso 1) o siendo éstas desestimadas, se dictará la providencia de "autos" con el alcance previsto en el inciso 4) del presente artículo. En ambos supuestos, la decisión correspondiente se notificará personalmente o por cédula.

3.  En la providencia que decida la concesión del recurso, se resolverá lo relativo a las diligencias procesales que se hubieran peticionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 inciso 1) del presente Código.

4.  En el caso de admitirse las diligencias a que se refiere el artículo 57 inciso 1) del presente Código, una vez cumplidas o vencidos los plazos correspondientes, se dictará la providencia de "autos" y, consentida que fuera, el expediente pasará al acuerdo sin más trámite.

5.  La caducidad de la instancia se regirá por las reglas del Código Procesal Civil y Comercial.

ARTICULO 59°: (Texto Ley 12.310) Sentencia dictada en recurso de apelación

1.  El orden de estudio y votación de las causas para pronunciar la sentencia, será determinado por sorteo, el que se realizará por lo menos dos veces en cada mes.

2.  La sentencia de la Cámara de Apelaciones deberá dictarse dentro del plazo de treinta (30) días.

3.  En el caso de recursos de apelación contra resoluciones sobre medidas cautelares la resolución del Tribunal de Alzada sobre la admisibilidad y procedencia de la medida cautelar deberá dictarse dentro del plazo de cinco (5) días.

4.  Sin perjuicio de la aplicación de las normas de la Ley 12.074, en cuanto a las formas y contenidos de la sentencia de Cámara regirán en lo pertinente las disposiciones previstas en el Libro I, Título IV, Capítulo IV, Sección 3ª del Código Procesal Civil y Comercial.

ARTICULO 60° : (Texto Ley 13101) Recursos extraordinarios.

1.      Contra las sentencias definitivas de las Cámaras de Apelaciones procederán los recursos extraordinarios previstos en la Constitución de la Provincia, aplicándose en lo pertinente las normas previstas en el Código Procesal Civil y Comercial, salvo disposición expresa en contrario.

2.      El de inaplicabilidad de ley sólo será admisible cuando el valor de lo cuestionado ante la instancia extraordinaria exceda, respecto de cada recurrente, la suma fijada por el Código Procesal Civil y Comercial.

3.      No será de aplicación en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley lo dispuesto en los artículos 278 y 280 del Código Procesal Civil y Comercial sobre valor del litigio y depósito previo cuando el mismo se interponga contra Sentencias que recaigan en materia de impugnaciones a resoluciones del Tribunal de Cuentas y Fiscal de Apelación.

CAPITULO XI

OTROS MODOS DE TERMINACION DEL PROCESO

ARTICULO 61º :  Remisión.

1.  Regirán en el proceso contencioso-administrativo, las disposiciones sobre el allanamiento, el desistimiento, la conciliación y la transacción, contenidas en el Código Procesal Civil y Comercial, en cuanto sean compatibles con el régimen del presente Código.

2.  Los representantes de los entes mencionados en el artículo 1° deberán estar expresamente autorizados por la autoridad competente para proceder con arreglo a lo dispuesto en el inciso anterior agregándose a la causa testimonio de la decisión respectiva.

ARTICULO 62º :  Caducidad de la instancia. Se producirá la caducidad de la instancia cuando no se impulsare el curso del proceso dentro de los seis (6) meses, salvo en los procesos especiales reglados por el Título II de este Código y el caso previsto en el artículo 21°, en los cuales el plazo será de tres (3) meses.

CAPITULO XII

DE LA EJECUCION DE LA SENTENCIA

CONTRA LOS ORGANOS Y ENTES ESTATALES

ARTICULO 63º : (Texto Ley 13101) Comunicación y trámite.

1.         Cuando la sentencia haga lugar a la pretensión deducida contra la Provincia, un Municipio o un ente provincial o municipal, una vez consentida o ejecutoriada, el Juez la notificará a la parte vencida e intimará su cumplimiento dentro del término fijado en aquélla. Esta notificación deberá hacerse dentro de los cinco (5) días siguientes al fallo. El procedimiento de ejecución se regirá por las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto no contradigan las del presente Código.

2.  Si transcurriese el plazo previsto en el artículo 163 de la Constitución de la Provincia, sin que la autoridad requerida objetase su ejecución ni diese cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional, la parte vencedora en el juicio podrá pedir que aquél mande cumplir directamente lo dispuesto en la sentencia.

3.  En tal caso, el Juez ordenará a la autoridad correspondiente el cumplimiento de la sentencia, determinando concretamente lo que aquélla debe hacer y el plazo en que debe realizarlo.

4.  En caso de incumplimiento, los funcionarios involucrados incurrirán en la responsabilidad establecida por el artículo 163 de la Constitución. Esta responsabilidad será solidaria con la del ente u órgano respectivo y abarcará todos los daños que ocasione su irregular actuación.

5.  El Juez podrá adoptar de oficio todas las providencias y resoluciones que estime convenientes, para poner en ejercicio la atribución que le confiere el artículo 163 de la Constitución.

ARTICULO 64º :  Actuaciones administrativas durante la ejecución de la sentencia. Los actos administrativos dictados como consecuencia de lo resuelto en la causa, provenientes de alguno de los entes previstos en el artículo 1°, podrán ser impugnados en el propio procedimiento de ejecución de sentencia. No darán lugar a un nuevo proceso, aunque se apartaren abiertamente de lo decidido en el fallo o, so pretexto de cumplirlo, lo interpretaren en forma perjudicial a los derechos o intereses reconocidos o restablecidos a la parte vencedora.

ARTICULO 65º: (Texto Ley 13101) Solicitud de suspensión.

1.  A los fines de lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 63, cuando la Provincia, el municipio o el ente provincial o municipal, vencidos en el proceso, considerasen imprescindible la suspensión de la ejecución de la sentencia, por graves razones de interés público, podrán solicitarla al juez dentro de los veinte (20) días después de notificada. En tal petición deberán asumir el compromiso de reparar los daños y perjuicios que pudiere causar la suspensión, acompañando el acto administrativo que así lo autorice.

2.  De la solicitud de suspensión se correrá traslado por cinco (5) días a la contraparte. Si ésta se opusiere y ofreciere prueba, el Juez abrirá el incidente a prueba por el plazo de diez (10) días.

3.  El juez dictará resolución dentro de los diez (10) días de encontrarse los autos en estado. Si resolviese la suspensión de la ejecución del fallo, fijará el plazo correspondiente a su cumplimiento así como el monto de la indemnización de los daños ocasionados, previo requerimiento de los informes que estimare necesarios.

                       

ARTICULO 66º :  Ejecución de sentencias contra particulares y entes no estatales. La ejecución de sentencias contra particulares y entes públicos no estatales, se regirá por las normas del Código Procesal Civil y Comercial.

TITULO II

DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES

CAPITULO I

PROCESO SUMARIO DE ILEGITIMIDAD

ARTICULO 67º :  (Texto según Ley 13101) Caracterización general. Opción:

Contra los actos administrativos de alcance particular o general, la parte actora tendrá la opción de formular la pretensión bajo el régimen del proceso ordinario previsto en el Título I, o mediante el Proceso Sumario de Ilegitimidad, establecido en el presente Capítulo.

El Proceso Sumario de Ilegitimidad tendrá por único objeto la declaración de nulidad de un acto administrativo de alcance particular o general. Los daños y perjuicios que se pudieren derivar de la declaración de nulidad del acto, deberán ser reclamados en un proceso autónomo.

ARTICULO 68º : (Texto Ley 13101) Determinación del proceso a seguir.

1.  La parte actora, en su primera presentación, solicitará que la pretensión tramite por el proceso reglado en el presente Capítulo. La demandada podrá oponerse a ello, dentro de los primeros cinco (5) días de notificado el traslado de la demanda. Esta oposición suspenderá el plazo para contestar la demanda y formular excepciones.

2.  El Juez resolverá sobre la procedencia de la vía, como única cuestión de previo y especial pronunciamiento.

3.  En el caso que se hiciera lugar a la oposición, el Juez resolverá la tramitación del proceso por las reglas del proceso ordinario, confiriéndose a la actora un plazo de treinta (30) días para adecuar la demanda, la que proseguirá su curso procesal de conformidad a las normas previstas en el Título I del presente Código.

ARTICULO 69º :  (Texto según Ley 13101) Reglas procesales. El proceso sumario de ilegitimidad se regirá por las reglas del proceso ordinario previstas en el presente Código, con las modificaciones siguientes:

1.  El plazo para promover la demanda será de sesenta (60) días, contados en la forma prevista en el artículo 18° del presente Código.

2.  Se correrá traslado de la demanda por un plazo de veinte (20) días.

3.  No se correrá traslado a la actora de la contestación de la demanda, ni se celebrará la audiencia prevista en el artículo 41° del presente Código.

4.  No se admitirá la producción de prueba distinta de la documental acompañada por las partes y la contenida en los expedientes administrativos agregados a la causa y directamente relacionadas con la pretensión.

5.  Las excepciones previas deberán ser planteadas en el escrito de contestación de la demanda y resueltas en la sentencia.

6.  Contestada la demanda, o vencido el plazo para hacerlo, se conferirá vistas a las partes para que, en el plazo común de cinco (5) días presenten el alegato, vencido el cual se llamará autos para sentencia.

7.  La sentencia deberá dictarse en el plazo de treinta (30) días.

ARTICULO 70º :  (Texto según Ley 13101) Sentencia.

La sentencia deberá limitarse a desestimar la pretensión o a declarar la nulidad total o parcial del acto administrativo impugnado.

Junto con la declaración de nulidad, el juzgado, de acuerdo con las circunstancias del caso, ordenará a la demandada la conducta a seguir, con ajuste a la pretensión procesal articulada o procederá a devolver las actuaciones para que se dicte un nuevo acto.

CAPITULO II

IMPUGNACION DE SANCIONES EN MATERIA DE EMPLEO PUBLICO

ARTICULO 71º :  Opción por el proceso sumario. Contra los actos administrativos que dispongan sanciones disciplinarias a los agentes públicos provinciales o municipales, la parte actora, en el escrito inicial, podrá optar por formular las pretensiones previstas en el artículo 12° del presente Código, por la vía del proceso ordinario, o por la del sumario prevista en este Capítulo.

ARTICULO 72º : (Texto Ley 13101) Plazo para la demanda. Reglas procesales.

La pretensión deberá deducirse dentro de los sesenta (60) días contados en la forma prevista en el artículo 18 del presente Código. El trámite se regirá por las normas previstas en el Capítulo I del Título II del presente Código, con las siguientes excepciones:

1.         Contestada la demanda, o vencido el plazo para hacerlo, no habiendo hechos controvertidos, el Juez declarará la cuestión de puro derecho y firme dicha providencia llamará autos para sentencia.

2.  Si hubiere hechos controvertidos, en una misma providencia el Juez dispondrá la producción de las pruebas pertinentes.

ARTICULO 73º :  (Texto según Ley 13101) Sentencia favorable.

1.  Si la sentencia fuera favorable al impugnante, dispondrá conforme a las particularidades del caso todas o algunas de las siguientes medidas:

a)  La anulación total o parcial de la sanción.

b)  La reincorporación del agente, si la sanción hubiera sido expulsiva.

c)  El reconocimiento de los haberes devengados.

2.   De acuerdo a las características de la causa, cuando se anulare una sanción expulsiva,  junto con la declaración de nulidad, el órgano jurisdiccional podrá ordenar la adopción de las medidas que estimare conducentes con arreglo a lo dispuesto en el artículo 50 del presente Código.

CAPITULO III

IMPUGNACIONES ESPECIALES CONTRA RESOLUCIONES

DE COLEGIOS O CONSEJOS PROFESIONALES Y

DE CAJAS DE PREVISION SOCIAL DE PROFESIONALES

ARTICULO 74º : (Texto según Ley 13325) Impugnación de resoluciones de Colegios o Consejos Profesionales.

Las pretensiones que tengan por objeto la impugnación de actos administrativos definitivos emanados de los Colegios o Consejos Profesionales referidos al gobierno de la matrícula o registro de profesionales y/o control disciplinario de los mismos y los definitivos emanados de los órganos de control disciplinario, tramitarán mediante recurso directo ante las Cámaras Departamentales en lo Contencioso Administrativo que corresponda al lugar donde se produjo el hecho que motivó el acto cuestionado a los fines de establecer el debido control de legalidad de aquéllos. El plazo para deducir el recurso será de quince (15) días a partir de la notificación de la última resolución administrativa y deberá interponerse ante el Organo Colegial que dictó el acto administrativo. El recurso tendrá efectos suspensivos y deberá ser fundado en el mismo acto.

El Organo Colegial pertinente deberá remitir el recurso juntamente con las actuaciones administrativas, dentro de los diez (10) días hábiles de recibidos, bajo exclusiva responsabilidad de las autoridades de la Institución, quienes serán pasibles de multas procesales en caso de incumplimiento.

Recibidas las actuaciones, la Cámara deberá llamar autos para sentencia y dictará el fallo definitivo dentro del plazo de sesenta (60) días.

En caso de denegarse la concesión del recurso por parte del Organo Colegial, el recurrente podrá interponer recurso de queja ante la Cámara competente dentro del plazo de cinco (5) días de notificado de la denegatoria. Con la queja deberá adjuntarse copia de la sentencia recurrida y del escrito recursivo. La Cámara podrá requerir las actuaciones administrativas, las que deberán ser remitidas por la Autoridad Colegial dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, bajo el apercibimiento antes previsto. La remisión de las actuaciones administrativas tendrá efectos suspensivos respecto de la sentencia dictada por el Organo Colegial.

ARTICULO 74 bis.- (Artículo incorporado por Ley 13325) Disposición Transitoria: Las pretensiones anulatorias de los actos administrativos definitivos emanados de los Colegios o Consejos Profesionales referidos al gobierno de la matrícula o registro de profesionales y/o control disciplinario de los mismos y los definitivos emanados de los órganos de control disciplinario, iniciadas bajo el régimen del anterior artículo 74 del Código Contencioso Administrativo (texto según Ley 13.101), quedarán suspendidas en su trámite cualquier sea su estado y se adecuarán al procedimiento recursivo establecido en la presente ley. A tal fin, el Juzgado formulará el requerimiento correspondiente concediendo al accionante un plazo de treinta (30) días para la presentación del recurso.

Producida la adecuación dentro del plazo acordado, el expediente será elevado a la Cámara competente para la decisión definitiva. En el supuesto que el requerido no diere cumplimiento a la adecuación, se declarará extinguido su derecho, devolviéndose la causa al Colegio o Consejo Profesional. En cualquier caso, las costas se impondrán en el orden causado.

ARTICULO  75º :  (Texto según Ley 13101) Impugnación de resoluciones de las Cajas de Previsión Social de Profesionales.

1.  Las pretensiones que tengan por objeto la impugnación de los actos administrativos definitivos emanados de los órganos superiores de las Cajas de Previsión Social de Profesionales, tramitarán por las normas del proceso ordinario, sin perjuicio de la opción prevista en el Título II, Capítulo I del presente Código.

2.  La pretensión deberá interponerse dentro del plazo establecido en el artículo 18° del presente Código, si el interesado hiciere la opción por el proceso ordinario, o dentro de los sesenta (60) días de notificado el acto que agota la vía administrativa si hiciere la opción dispuesta en el inciso anterior. Serán competentes los juzgados contecioso ad,ministrativos según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso 2), párrafo b.

CAPITULO IV

AMPARO POR MORA

ARTICULO 76º :  (Texto según Ley 13101) Supuestos y procedimientos.

1.  El que fuere parte en un procedimiento administrativo, podrá solicitar judicialmente se libre orden judicial de pronto despacho. Dicha orden será procedente cuando alguno de los entes referidos en el artículo 1° del presente Código hubiere dejado vencer los plazos fijados y, en caso de no existir éstos, si hubiere transcurrido un plazo que excediere de lo razonable, sin emitir la resolución o el acto de trámite o preparatorio que requiera el interesado o corresponda adoptar para continuar o resolver el procedimiento.

2.  Presentada la pretensión, el juez se expedirá sobre su admisibilidad, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y requerirá a la autoridad administrativa interviniente que, en el plazo que le fije, no mayor a los cinco (5) días, informe sobre la causa de la demora aducida.

3.  La configuración del silencio administrativo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16° del presente Código, no impedirá la utilización de esta vía.

4.  Contestado el requerimiento o vencido el plazo sin que se lo hubiera hecho, el juez resolverá lo pertinente acerca de la mora, librando la orden si correspondiere para que la autoridad administrativa responsable despache las actuaciones en el plazo prudencial que se establezca según la naturaleza y complejidad del asunto.

Las resoluciones que adopte el juez en el trámite del amparo por mora serán irrecurribles. La sentencia será susceptible de reposición, dentro de los tres (3) días de notificada, mediante escrito fundado.

CAPITULO V

(Capítulo incorporado por Ley 13101)

EJECUCION TRIBUTARIA PROVINCIAL

ARTICULO 76 bis: Los jueces Contencioso Administrativos aplicarán en materia de ejecuciones tributarias provinciales las disposiciones del Decreto-Ley 9122/78.

TITULO III

CAPITULO I

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

ARTICULO 77º :  Aplicación de las normas del Código Procesal Civil y Comercial.

1.  Serán de aplicación al trámite de los procesos administrativos, en cuanto no sean incompatibles con las prescripciones del presente Código, las normas previstas en el Código Procesal Civil y Comercial.

2.  A falta de norma expresa que determine un plazo procesal, se aplicarán los previstos en el Código Procesal Civil y Comercial, salvo el relativo al traslado de dictámenes periciales y de liquidaciones, que será de diez (10) días.

ARTICULO 78º : (Texto según Ley 13101) Entrada en vigencia del presente Código. Aplicación a los procesos en curso de ejecución.

1.   El presente Código Procesal comenzará su vigencia conjuntamente con el Fuero Contencioso Administrativo, facultándose al Ministerio de Economía a adecuar las partidas presupuestarias que resulten necesarias  para la implementación del mismo, dentro de las restricciones presupuestarias vigentes.

Hasta tanto comiencen las funciones del Fuero Contencioso Administrativo, la Suprema Corte de Justicia decidirá, hasta su finalización, en única instancia y juicio pleno, todas las causas correspondientes al referido fuero que se hubieren iniciado.

2.   En todos los casos en que el presente Código otorgue plazos más amplios para la realización de actos procesales, se aplicarán éstos a los procesos anteriores a su entrada en vigencia.

3.   En las causas regidas por el artículo 215, segundo párrafo, de la Constitución de la Provincia, serán de aplicación las normas del presente Código, en cuanto resultaren compatibles con la jurisdicción atribuida por aquel precepto a la Suprema Corte de Justicia. En materia de caducidad de instancia, costas, régimen de sentencia, su ejecución y los recursos contra la misma, se aplicarán las normas de la Ley 2.961, con las modificaciones introducidas por los Decretos-Leyes 8.626/76 y 8.798/77.

CAPITULO II

DISPOSICIONES MODIFICATORIAS Y DEROGATORIAS

ARTICULO 79º :  (Texto según Ley 13325) Sustitúyense los artículos 7, 20 y 33 de la Ley 10.973; 12 y 19 de la Ley 10.405; 12 y 19 de la Ley 10.416; 12 y 19 de la Ley 10.411; 10  y 23 de la Ley 7.193 (T.O. 1.987); 10 y 41 de la Ley 6.682 (T.O. 1.987); 12 y 19 de la Ley 10.353; 42, 48 y 63 de la Ley 11.745; 11, 18 y 27 de la Ley 10.751; 16 y 39 de la Ley 10.392; 27 y 51 de la Ley 10.620; 14 y 36 de la Ley 10.646; 9 inciso 2), y 29 de la Ley 5.177 (T.O. 1.987); 28 y 65 del Decreto-Ley 9.020/78 (T.O. 1.986); 27 y 57 del Decreto-Ley 9.944/83; 15, 41 y 53 de la Ley 8.271 (texto según Ley 11.925); 39, 45 y 58 de la Ley 10.306; 40 y 67 de la Ley 10.321; 76 del Decreto-Ley 9.686/81; 37 y 46 de la Ley 10.757; 42 y 50 del Decreto-Ley  5.413/58; 13 y 34 de la Ley 10.307; y toda otra norma que atribuya a la justicia en lo Civil y Comercial de La Plata la competencia para juzgar las impugnaciones contra los actos de gravamen emanados de los Colegios o Consejos Profesionales. Tales casos serán resueltos por los tribunales contencioso-administrativos y tramitarán con arreglo a lo previsto en el artículo 74° del presente Código.

            Las contiendas previstas en los artículos 79 de la Ley 10.973; 28 de la Ley 10.405; 27 de la Ley 10.416; 27 de la Ley 10.411; 6 de la Ley 6.682 (T.O. decreto 5.514/87); 27 de la Ley 10.353; 5 de la Ley 10.392; 5 de la Ley 10.646; 20 de la Ley 5.177 (T.O. 1.987); 39 del Decreto-Ley 9.944/83; 7 de la Ley 8.271; 12 de la Ley 10.321; 27 de la Ley 10.751, y en toda otra norma análoga, relativa a la intervención y reorganización de Colegios o Consejos Profesionales, serán resueltas por los tribunales contencioso administrativos, aplicándose las reglas previstas en el artículo 21 inciso 2) del presente Código.

ARTICULO 80º :  (Texto Ley 13101) Sustitúyense los artículos 31 y 36 de la ley 10.869, por los siguientes:

"Artículo 31 - Las resoluciones definitivas del Tribunal de Cuentas, podrán ser recurridas ante los juzgados contenciosos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el Código Procesal Contencioso Administrativo, con aplicación de las reglas del proceso ordinario (Título I). A los fines de la determinación de la competencia, se aplicará lo dispuesto en el artículo 5º inciso 2) apartado a), del citado Código.”

"Artículo 36 - El cobro judicial previsto en el artículo 33º de la presente ley, se suspenderá cuando se interponga el recurso de revisión, se inicie una causa contencioso administrativa, se efectúe el pago o se consigne el importe del cargo en el Banco de la Provincia a la orden del Presidente de la Cámara de Apelaciones.”

ARTICULO 81º: (Derogado por Ley 12.310)

ARTICULO 82º :  Sustitúyense los artículos 40, 41 y 42 del Decreto-Ley  7543/69,( T.O. mediante Decreto 969/87 ), por los siguientes:

“Artículo 40: La resolución definitiva dictada en los casos previstos en el artículo 38°, no surtirá efecto alguno sin la previa notificación al Fiscal de Estado, la que deberá efectuarse en su despacho oficial dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se dictaren. Cuando se tratare de resoluciones administrativas dictadas de conformidad con la antecedente vista del Fiscal, la notificación será igualmente válida si se efectúa en la persona de alguno de los funcionarios mencionados en el artículo 43° in fine, autorizados al efecto por el Fiscal de Estado.

                                    Esta notificación se tendrá por cumplida transcurridos cinco (5) días hábiles desde que el expediente respectivo haya tenido entrada en la Fiscalía de Estado, si antes de dicho término no se efectuare la notificación personal prevista en el apartado anterior.

                                    Si la resolución hubiese sido dictada con transgresión de la Constitución, de la Ley o de un reglamento administrativo, el Fiscal de Estado deducirá demanda contencioso-administrativa o de inconstitucionalidad, según corresponda”.

“Artículo 41: Ninguna resolución administrativa dictada en oposición con la vista del Fiscal de Estado podrá cumplirse mientras no haya transcurrido desde su notificación un plazo de treinta (30) días hábiles”.

“Artículo 42: El vencimiento del término para iniciar la demanda originaria de inconstitucionalidad o del plazo previsto en el artículo anterior, no obstará la deducción de las acciones que correspondan, por la vía y en la forma que determinen las leyes generales, aún contra los particulares beneficiados por la resolución administrativa comprendida en el artículo 38°".

ARTICULO 83º :  Sustitúyese el artículo 3 de la Ley 8.132 por el siguiente:

“Artículo 3: Serán competentes para entender en las actuaciones originadas por esta Ley, los tribunales del fuero contencioso-administrativo”.

ARTICULO 84º :  Deróganse la Ley 2.961, con las modificaciones introducidas por los Decretos-Leyes 8.626/76, 8.798/77 y la Ley 10.211 - en los términos establecidos en los artículos 215 de la Constitución de la Provincia y 78° inciso 3) del presente Código-, el Decreto-Ley 9.398/79 (T.O. según Decreto-Ley 9.671/81), y toda otra norma que se oponga a las previstas en el presente Código.

ARTICULO 85º : Sustitúyese el artículo 44° del Decreto-Ley 11.643/63, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 44: De las observaciones que formule el Registro, el interesado podrá recurrir:

a) Por reconsideración ante su Director, cuya resolución tendrá carácter definitivo.

b) Por apelación ante las Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata, dentro de los diez (10) días de notificado. Si el apelante tuviese su domicilio fuera del Partido de La Plata, el plazo mencionado quedará ampliado a razón de un (1) día por cada doscientos (200) kilómetros o fracción que no baje de cien (100).”

ARTICULO 86º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a un día del mes de octubre del año mil novecientos noventa y siete.