Denuncia contra Jorge Macri por la privatización del Puerto de Olivos

Vicente  López, 9  de  diciembre  de  2015

Juzgado  Federal  en  lo  Criminal  y  Correccional  nº1. Secretaría  nº 2.  San  Isidro.

Jueza  Sandra  Arroyo  Salgado

Ref  : Causa………63869/15…………………….

Formulo  denuncia:

En  fecha  3  de  diciembre  de  2015  de  manera  escandalosa,  a  pesar  de  las  reiteradas  denuncias,  se  aprobaron  excepciones  al  código  de  ordenamiento  urbano  en  nuestra  zona  costera  y  cambios  de  uso  en  el  Puerto  de  Olivos  sin  audiencias  públicas ,  sin  informes  de  impacto  ambiental  y  sin  informar  a  la  ciudadanía  previamente,  lesionando  nuestro  ambiente  y  calidad  de  vida.

A  este  agravamiento  del  deterioro  de   nuestra  calidad  de  vida  e  institucional,  dado  que  el  cambio  de  uso  aprobado  para  el  Puerto  no  se  realizó  de  acuerdo  a  lo  que  estipula  la  ley  vigente  ,  se  suma  el  incumplimiento  de  la  Constitución  Nacional  en  su  art  41.

Somos  vecinos  comprometidos  con  asuntos  ambientales,  comunitarios  y  realizamos  el  seguimiento  de  toda  actividad  que  pudiera  incidir  en  nuestro  ambiente,  por  lo  cual  debemos  agregarle  que  constituiría  en  delitos  contra  la  salud  pública  y  contra  nuestro  ambiente,  incumplimiento  de  deberes  de  funcionario  público,  deberes  confiados  a  los  representantes  para  tal  fin  de  salud  y  cuidado  ambiental  del  espacio  público (decreto  Municipal  4789/05)   no  para  desvirtuar  el  fin  a  favor  de  Fideicomisos,  sociedades  anónimas,  fondos  fiduciarios  o  administradores  de  empresas  ocultos  en  desmedro  de  la  comunidad  a  favor  de  sus  negocios,  sumiéndonos  en  la  incertidumbre.

Antecedentes:

Diciembre  de  2004.  Concejo  deliberante  de  Vicente  López  aprobó  sin  informes  de  impacto  ambiental,  sin  audiencias  públicas  hasta  el  día  de  la  fecha(Ordenanza  20.664)pues  no  cuentan  con  factibilidad  eléctrica,  dado  que  no  se  ha  otorgado,  por  no  haberse  emplazado  la  Subestación  Eléctrica  052  “Olivos”. Necesario  y  sujeta  a la  registración  de  planos  de  obra  previa  a  la  presentación  de  factibilidad  de  provisión  de  energía  eléctrica  para  cumplimiento  de  Declaración  de  Impacto  ambiental  Municipal(Decreto  3033) Denunciado  en  causa  24.498. Cuando  ésta  subestación  no  existe,  como  tampoco  existe  la  coincidencia  entre  la  energía  solicitada  para  la  subestación  de  80mw  con  el  inicio  de  trámite  a  Edenor  por  424  kw  que  realizara  La  Nación  SA  para  su  torre , como parte  del  complejo  Al  Río,  siendo  este  insuficiente  para  la  actividad  desarrollada.  Como  así  también  la  que  solicitare  Ribera  de  De  Narváez  de  1000 kw  para  la  parcela  global  Al  Río  de  530.000  m2  en  tierras  públicas  en  su  gran  mayoría.

Carlos  de  Narváez  se  presentó  en  representación  como  representante  del  Fondo  Fiduciario  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  cuando  no  nos  consta  que  así   en  diciembre  de  2004.Engañándo  con  su  accionar.

Que a  pesar  de  que  la homologación del Convenio y el Pre Acuerdo Urbanístico  son de vital interés para la comunidad local, dado que involucran un cambio de morfología, de condiciones urbanísticas, ambientales, sociales y legales de la zona ribereña  que  afecta  y  lesiona  nuestro  ambiente, la que ha sido históricamente un referente identitario esencial del municipio y sus habitantes.             

   

                                                Que a pesar que la puesta en marcha de la  falta  de  previsiones ,  información  y  convocatoria  a  la  comunidad  para  que  se  trate  el Convenio implicará una radical transformación en la zona ribereña y eventualmente sustanciales cambios en la zonificación y urbanización del Municipio, tal como está previsto en el Pre- proyecto con motivo de la aprobación de la ordenanza 23.020, el Pre-Acuerdo Urbanístico en su Anexo III contempla una instancia de participación ciudadana muy limitada, en cuanto sólo determina la apertura de un Registro de Alegaciones y/u Oposiciones  instrumentado mediante el decreto  municipal 1640/06,

                                                      Que este mecanismo es harto insuficiente ante la cuestión en debate, ya que se limita a dar a las personas físicas o jurídicas con domicilio en Vicente López la posibilidad de formular oposiciones o alegaciones fundadas por escrito en el Registro de Alegaciones y Oposiciones durante un plazo de 15 días hábiles;

                                                  Que la ley 11.723 de Protección restauración y conservación del medio ambiente de la Provincia de Buenos Aires contempla la posibilidad  de convocar a audiencia pública cuando fuera oportuno en razón de la importancia, envergadura o consecuencias de un proyecto capaz de impactar fuertemente en el  medio ambiente;

                                                 Que la Constitución Nacional contempla numerosos mecanismos de participación ciudadana llamados también formas semidirectas de democracia: plesbiscito, consulta popular, audiencia pública, etc. que antes de la reforma del ‘94 estaban comprendidos entre los derechos y garantías implícitos, y ahora los encontramos plasmados en el texto constitucional. En el caso de la Audiencia Pública en el art. 42 y el artículo 75 inc. 22 remitiéndose al artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el inciso a) del artículo 23 de la Convención Americana de Drechos Humanos

                                               Que la audiencia pública es una instancia de participación en el proceso de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión respecto de ella;

                                           Que en nuestro país, el mecanismo de la audiencia pública fue introducida en defensa del medio ambiente; en 1984 el senado nacional convocó a una audiencia pública por el caso de la contaminación del Río Reconquista; en 1990 al crearse la Comisión Nacional de Telecomunicaciones por decreto 1185/90 se estableció el sistema de audiencia pública, lo mismo por resolución 1420/94 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios  Públicas para la discusión del tema tarifario;

                                            Que existen en  provincias argentinas numerosos antecedentes ( Mendoza, Chubut, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego) que imponen la convocatoria de Audiencia Pública en temas vinculadas a un eventual compromiso ambiental. La provincia de Río Negro  reglamentó el régimen de audiencias públicas mediante ley 3132 para la Legislatura y sus comisiones y la ley 3284 para entes reguladores de servicios públicos y para la toma de decisiones por parte del Poder Ejecutivo. La provincia de Córdoba instituyó el sistema  a través de la ley 8102, Régimen de Municipios y Comunas, en tanto que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la estableció en sus artículos 30, 63, 90, 120 y 130 , reglamentándola mediante la ley Nro. 6. En la provincia de Buenos Aires el régimen se adaptó mediante la Ley Integral de Medio Ambiente Nro. 11.723, en el Código de Aguas  ley 12.257 y por la Resolución 14/01 del Organismo Regulador de Aguas Bonaereses.

                                              Que la Audiencia Pública tiene carácter consultivo, no vinculante, constituyéndose como una ejercitación y práctica concreta de la autonomía municipal, que por otra parte sería una valiosa ocasión para evaluar las diversas propuestas, oposiciones u alegaciones que se hubieran presentado, así como las inquietudes que pudieran manifestarse, en orden a establecer las bases del Proyecto de Ordenanza definitivo más el correspondiente estudio de impacto ambiental el que se encuentra pendiente de redacción y que no  fue presentado ante el Honorable Concejo Deliberante para su aprobación conforme la cláusula quinta del PreAcuerdo Urbanístico.

   

                                            Que la posibilidad de llevar a cabo una Audiencia Pública en un tema vital y trascendente  como lo es la modificación de la zona ribereña representaría una ocasión de docencia y auténtico ejercicio de participación democrática ofreciendo al ciudadano y vecino un espacio de opinión y  directa relación con sus gobernantes frente a circunstancias que afectarán directamente nuestra vida v en el Municipio.

No  se  ha  tenido  en  cuenta  en  lo  más  mínimo  todo  lo  contrario  se  ha  omitido  deliberadamente  toda  información  siempre  que  ha  sido  solicitada.

Se  aprueban  cambios  de  uso  sin  por  ordenanza  cuando el  esquema  director  urbano  en  ordenanza  24.138  es  taxativa  respecto  de  los  cambios  de  uso:

Art2: 11.1.3.2

Deberá  ser  sometido  a  un  procedimiento  de  consulta    y  evaluación  dando  intervención  al  Conaspe  e  implementando  procedimientos  de  participación  similares  a  los  establecidos  por  el  anexo  III  del  Preacuerdo  Urbanístico  del  área  ribereña.  Ordenanza  23.020.

Carecemos  de  información  veraz  por  parte  de  los  diarios  de  gran  tirada,  quienes  están  más  interesados  en  el  negocio  inmobiliario que  afecta  nuestra  costa  a  alertar  sobre  los  incumplimientos  ambientales  (Ley  Nacional  25.675, art 4  y  otros)dado  que  el  registro  de  alegaciones  donde  participaron  un  poco  mas  de  cien  interesados  no  tiene  punto  de  comparación  con  los  300.000  habitantes  discriminados  quienes  no  pudimos  participar  por  las  omisiones  del  Ejecutivo  que  siguen  hasta  el  día  de  la  fecha.

Los  antecedentes  de  falta  de  estudios  hidráulicos  y  ambientales    del  cual  carece  el  decreto  2479/07  también  es  materia  de  denuncia  ante  este  digno  juzgado  como  así  también  los  rellenos  en  la  costa .

Se  aprobó  un  cambio  de  uso  por  ordenanza  para  la  construcción  de  un  helipuerto  que  no  figura  en  planos  ,  dado  que  en  el  proyecto  Al  Río  en  zonificación  EQ2  público  ,  se  encuentra  un  estadio.  Que  dicho  Helipuerto  fue  aprobado  con  documentación  supuestamente  falsificada  de  la  Anac.  Dado  que  ha  contado  con  notas  de  casal  y  de  Ornass (Ministerio  de  seguridad provincial) con  fecha  anterior  a  dicha  factibilidad  haciendo  referencia  a  ella.  Sin  nº  de  expediente,  sin  nº  de  referencia.  Quedando  cuestionado  quien  estaría  facultado  o  no  a  firmar  sin  expedientes  notas    no  peritadas  para  beneficiar  en  estudio  de  impacto  ambiental  privado  no  de  acuerdo  a  la  ley  y  sin  cumplimentar  la  ley  nacional  25.675  con  el  fin  de  lesionar  nuestro  ambiente. Donde  seguimos  reclamando  se  aclare  con  los  peritajes  y  cumplimientos  de  la  ley  ante  casación.

Hecho  denunciado:

Sin  información  veraz,  sin  audiencias  públicas,  sin  cumplir  con  el  esquema  director  urbano  para  el  cambio  de  uso(ordenanza  24.138)  se  aprobó  el  3  de  diciembre  en  el  Concejo  Deliberante  de  Vicente  López en  sesión  conflictiva  y  oculta  por  parte  de  la  Municipalidad,  se cambió  el  uso  por  ordenanza  y  se  concedió  a  Jorge  Macri  la  delegación  de  poder  otorgar  nuevos  indicadores  en  zona  del  Puerto    de  Olivos que  podría  tratarse  de  un  proyecto  oculto  en  beneficio  de  inversor  desconocido en  zonas  del  Puerto  de  Olivos:   Expte  1085/2015HCD  el  cual  adjuntamos y  4119-7458/2015  Departamento  Ejecutivo.

Propiciándose  la  apertura  del  vial  costero  en  dicha  zona  a  la  cual  nos  oponemos  rotundamente.(Ver  11.3.2.3  Usos  de  la  zona  central  de  la  zona  FC2)  causa  8753.  Jueza  Cristina  Fernández  Juzgado  Contencioso  Administrativo  de  San  Martín  Declaró  abstracto  la  jueza  el  reclamo por  que  la  Municipalidad  dijo  que  no  iba  a  seguir  el  vial.  Estamos  con  una  inaplicabilidad  de  la  Ley  en  la  Corte  Suprema  Provincial   concedida  por  la  Cámara  contenciosa  administrativo  de  San  Martín a  decidir  pues  a  nuestro  criterio  Jorge  Macri  le  mintió  a  la  Jueza,  lo  cual  queda  evidenciado  en  el  expediente  aprobado  y  cuestionado  por  nulo  en  el  HCD.  Respecto  del  cambio  de  uso  para  el  Puerto.

Adjuntamos  notas  diversas  y  reportajes  al  Concejal  Carlos  Roberto  por  María  O´Donnell  en  radio  Continental  donde  dicho  concejal  reclamaba  que  el  cambio  de  uso  era  nulo  por  ser  irregular  y  donde  la  periodista  también  reclamaba  que  Jorge  Macri  no  le  atendía  el  teléfono  para  hablar  de  las  excepciones  y  del  proyecto  de  la  costa.

Solicitamos  que  se  convoque  a  ambos  como  así  también  a  las  autoridades  del  Concejo  deliberante  que  se  encuentran  en  la  presidencia  de  la  Comisión  de  zona  costera Natalia  Villa y  al  Secretario  de  Obras  Públicas  Sergio  Botello. Solicitamos  se  obtenga  el  expte 4119-7458/2015  Departamento  Ejecutivo.

Solicite  factibilidades  ante  Edenor  y  Aysa.

Solicite  Notas  a  Vialidad  Nacional  para  la  probable  apertura  del  vial  en  la  zona.

Imputamos  a  Jorge  Macri  por  incumplimiento  de  deberes  de  Funcionario  público y  abuso  de  autoridad (decreto  4780/05  como  máxima  autoridad  ambiental  del  Municipio) como  así  también  a  todos  los  responsables  por  omisión  en  sus  deberes  de  funcionario  público..

Porque  se  lesiona  gravemente  nuestro  ambiente  incumpliendo  con  el  art  41  de  Nuestra  Constitución  el  cual  debe  ser  preservado  de  acuerdo  a  las  leyes  vigentes.

  asamblea  de  vecinos  de  Vicente  López