Solo los vecinos que lidiamos en la vía judicial contra la privatización macrista de nuestra costa sabemos lo que hace esta mafia infernal. El sufrimiento es intolerable y tenemos que aguantar que este impune haga lo que quiera. se robó todos los expedientes de la costa en la provincia, aprobó el helipuerto que se lo frenamos y muchas excepciones , cambios de uso y cambios de título , hizo rellenos en la costa y aprobó la privatización del puerto. Todo denunciado. No cuentan con estudios ambientales, hidráulicos y procesos participativos y los beneficiarios son los integrantes del gobierno: Constructora Caputo, Arquitecto Dujovne, hay Bullrich en la SA de proyecto Al Río, también La Nación SA , Carrefour, de Narváez y otros.Los concejales no hacen nada y Clarín lo tapa todo.
La Cámara Federal revocó ayer el embargo preventivo por 8 millones de pesos al intendente de Vicente López, Jorge Macri, que había dispuesto la jueza Sandra Arroyo Salgado en la causa por presunto delito de lavado de dinero. La magistrada investiga las operaciones financieras vinculadas a la compra de un departamento en Miami por 403.000 dólares que denunció el año pasado la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y que involucra al intendente y su esposa Florencia de Nardi. La maniobra fue canalizada a través de una empresa montada en esa ciudad estadounidense que recibió un sospechoso préstamo de una firma-sello de goma uruguaya cuyo director figura en los Panamá Papers. En ese marco se dictó el embargo que la Cámara Federal de San Martín revocó por considerar que “no estaba justificado ni apoyado en las constancias existentes en la investigación en trámite”.
La Cámara Federal revocó ayer el embargo preventivo por 8 millones de pesos al intendente de Vicente López, Jorge Macri, que había dispuesto la jueza Sandra Arroyo Salgado en la causa por presunto delito de lavado de dinero. La magistrada investiga las operaciones financieras vinculadas a la compra de un departamento en Miami por 403.000 dólares que denunció el año pasado la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y que involucra al intendente y su esposa Florencia de Nardi. La maniobra fue canalizada a través de una empresa montada en esa ciudad estadounidense que recibió un sospechoso préstamo de una firma-sello de goma uruguaya cuyo director figura en los Panamá Papers. En ese marco se dictó el embargo que la Cámara Federal de San Martín revocó por considerar que “no estaba justificado ni apoyado en las constancias existentes en la investigación en trámite”.
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“Yo soy offshore”
El embargo preventivo había sido solicitado por el fiscal federal Matias Di Lello que actúa en la causa. Al validar ese pedido, Arroyo Salgado también estableció el embargo a De Nardi por otros 8 millones de pesos. Notificados de la decisión de la jueza, los abogados de la familia apelaron la medida que suma un total de 16 millones de pesos. De todas formas, el primo del presidente Mauricio Macri presentó ante el tribunal de San Isidro un seguro de caución. El instrumento contratado a la filial local de la aseguradora multinacional Chubb le permite al mandatario comunal ofrecer una garantía de pago evitando el embargo efectivo de sus bienes mientras espera que la causa finalice.
Revocaron el embargo preventivo a Jorge Macri
Otro guiño judicial
La Cámara Federal revirtió la medida que había ordenado la jueza Arroyo Salgado en una causa por presunto delito de lavado de dinero. Investigan la compra de un departamento en Miami.
Revocaron un embargo contra Jorge Macri
La Cámara falló a favor del intendente de Vicente López
a Cámara Federal de San Martín revocó ayer el embargo que había sido ordenado sobre los bienes del intendente de Vicente López, Jorge Macri, primo del presidente de la Nación.
Jorge Macri tiene una causa abierta en su contra desde hace más de un año por un presunto caso de lavado de dinero vinculado con la compra de un departamento en Miami, Estados Unidos. Nunca fue citado a indagatoria, pero la jueza que lo investiga, Sandra Arroyo Salgado (la ex mujer del fiscal Alberto Nisman), había dispuesto un embargo de 8 millones de pesos sobre los bienes del intendente y los de su ex mujer Florencia de Nardi.
Ayer, los jueces de la Cámara Federal de San Martín, Alberto Agustín Lugones y Hugo Daniel Gurruchaga le dieron la razón a las defensas y levantaron las órdenes de embargo.
El argumento central de los camaristas fue que la causa todavía está en un estado "embrionario" (a pesar de que lleva un año y cinco meses de trámite) y que con las pruebas reunidas hasta hoy no hay fundamentos suficientes para sostener la "verosimilitud" del hecho denunciado.
Según la Cámara, la jueza tampoco fundamentó el "peligro en la demora" que justificaría embargar ahora a los acusados, cuando la operación que se investiga fue reportada como sospechosa en 2011.
Según informó Macri cuando le pidieron explicaciones, la firma obtuvo el dinero con dos créditos. De acuerdo con la denuncia que motivó esta causa, uno de los préstamos "carecía de razonabilidad económica" y el otro no tenía "respaldo documental que lo avalara".La causa contra Jorge Macri y su ex mujer se inició el 16 de mayo de 2016 por una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Este organismo había recibido documentos de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado, que investigó a Jorge Macri por sospechas en la operación de compra de un departamento de la avenida Brickell, en Miami. El inmueble fue adquirido en abril de 2011 por la sociedad Icon Unit 1704 LLC, integrada por el intendente de Vicente López y su ex mujer. De acuerdo con lo declarado, pagó por el departamento 365.000 dólares.
Esperando informes
"Aun cuando la pesquisa lleva un poco más de un año en trámite en sede judicial, se encuentra en un estado embrionario pues de momento se están requiriendo informes a entidades bancarias y financieras, a la AFIP, a Migraciones, al Banco Central y otros organismos del país y en el extranjero", sostuvieron ayer los camaristas.
Explicaron que el embargo, como medida para resguardar bienes, puede ser dictado en cualquier momento del proceso, incluso antes de los llamados a indagatoria (como pasó en este caso).
Pero advirtieron que ordenar un embargo en un momento así es una decisión excepcional que debe ser debidamente fundada. Según Lugones y Gurruchaga, la jueza no lo hizo.
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